El cronograma de compromisos de pagos de la deuda pública en moneda extranjera redondea, para este año, unos 21 mil millones de dólares entre capital e intereses (14 mil con el sector privado y 7000 con organismos multi y bilaterales), Para 2021, suma otros 19 mil millones, mientras que en los dos años siguientes pega un fuerte salto por el peso de los vencimientos previstos para la devolución del préstamo al FMI: 31.700 millones a pagar en 2022 y 31.300 millones en 2023. Este cuadro de situación es lo que el gobierno argentino pone en primer plano cuando se sienta a negociar con los acreedores: la absoluta imposibilidad de cumplir las promesas de pago que realizó el gobierno anterior. El mismo planteo se formula en las tres instancias de diálogo abiertas con los acreedores del país: los bonistas extranjeros, los bonistas locales y el FMI. Con este último, ya se avanzó incluso en una definición más tajante: el acuerdo stand by del año 2018 está caído, Argentina no aspira a recibir los fondos pendientes de desembolso pero ya le informó al FMI que no pagará los vencimientos de devolución previstos para los años 2021, 2022 y 2023. "Es una condición necesaria" de la reestructuración de la deuda en marcha, fue el planteo oficial ante el organismo.

Cuando llegue la primera visita del Fondo Monetario en la actual gestión, que visitará el país entre el 12 y 14 de este mes, la misión que encabezará el venezolano Luis Cubeddu ya estará en conocimiento de la posición que Argentina le adelantó al staff del organismo: es un objetivo del gobierno modificar las fechas de pagos comprometidas por el macrismo, pero partiendo de la base de que el nuevo cronograma resultante de la prórroga, o roll over de los vencimientos, deberá arrancar a partir de 2024.

La idea fuerza que manejó el gobierno argentino ante Kristalina Geogieva, la nueva titular del Fondo que asumió en reemplazo de Christine Lagarde, es que el programa que respaldó el organismo a mediados de 2018 "desestabilizó la economía" comprometiendo aún más la situación externa. Una salida responsable y "de buena fe" exige una reestructuración de la deuda, de la cual el FMI no puede estar al margen.

"Hay una ventaja con respecto a la negociación del canje de la deuda de 2005, esta vez el universo de acreedores no está tan disperso; ahora no hay treinta mil jubilados italianos ni pequeños ahorristas alemanes como había entonces", comentó uno de los integrantes clave del elenco que, bajo el mando de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, operó aquella negociación. El hecho de la mayor concentración facilitaría la negociación, entienden. Pero no es la única diferencia entre una negociación y otra. Esta vez, el planteo de reestructuración se está haciendo antes del default. "A nadie le conviene el default", dicen cerca de Guzmán y confían que esa es una carta fuerte sobre la mesa. Además, claro está, de que ambas partes saben perfectamente que las condiciones pactadas de pago son imposibles de cumplir y hay que cambiarlas.

Los argumentos

Precisamente, la característica de "insostenibilidad" de los compromisos de la deuda es el punto de apoyo de la argumentación del equipo de Martín Guzmán frente a los acreedores, porque es lo que hace ineludible ir a una reestructuración "lo más ordenada posible", tal como insiste el ministro y sus colaboradores en cada encuentro con los representantes de los bonistas. El ministro y sus negociadores también plantean una línea límite a los acreedores, la cual no aceptan traspasar: les advierte que "no fuercen la situación" sobre la economía argentina porque existe el "peligro de entrar en una espiral recesiva, con consecuencias explosivas". Es un modo más amplio de expresar una idea base: "los muertos no pagan". Guzmán reclama, como componente ineludible de la negociación, que hay que dejar que la economía argentina vuelva a crecer para que recupere capacidad de pago.

Este será el eje principal que el Ministro de Economía llevará al Congreso en la segunda semana de febrero, cuando tiene previsto presentar los lineamientos del "Análisis de sostenibilidad de la deuda pública" ante los parlamentarios. El propósito es exponer un sendero fiscal "posible", es decir, trazar una línea de tiempo que exponga los plazos necesarios para recuperar el equilibrio fiscal y, posteriormente, lograr niveles de superávits primarios que ofrezcan un excedente que se pueda destinar al pago de la deuda. "Pretender llegar a un superávit primario muy grande rápidamente no sería consistente con una economía que pretenda recuperarse", razonan en el Palacio de Hacienda, y será la idea que le transmitirán a legisladores, pero también a los acreedores. Primero crecer, después pagar. Resuena, de fondo, otra vez la frase de Néstor Kirchner de 2004: “Los muertos no pagan”.

La oferta

La línea de tiempo que marque el sendero fiscal será el límite de lo que Argentina pueda ofrecer a los bonistas. Y marcará el dibujo, aproximado, de la oferta de reestructuración. Por el modo que viene negociando el equipo de Guzmán, podría suponerse que no habrá una oferta única, sino que podrán elegirse opciones o conjunto de bonos que ofrecerá como canje el gobierno para retirar los que están ahora vigentes.

Hay dos condiciones sobre las que el gobierno concentra la pulseada: plazos y tasas. La reestructuración requiere un estiramiento de plazos. Los vencimientos en moneda extranjera con acreedores privados suman 14 mil millones de dólares sólo este año (9000 de capital y 5000 de intereses), 11.000 millones en 2021 (6500 y 4500 respectivamente), 10.700 millones en 2022 (6500 y 4200) y 9.800 millones en 2023 (6000 más 3800 millones). La concentración de vencimientos en estos cuatro años es letal. Pero, además, los nuevos bonos que se ofrezcan deberán contemplar tasas de interés muy inferiores a las actuales (las de los bonos vigentes oscilan entre el 6 y el 8,75% en dólares). Son las dos variables sobre las que pivotea la negociación, que podría cerrar sin quita de capital sobre el valor nominal de los bonos, pero con un período de gracia (primeros años sin pago de capital ni intereses) importante. 

"No es una propuesta agresiva, tampoco se puede decir amigable con los acreedores. Es una propuesta seria, responsable. Y de buena fe", definen los negociadores argentinos, que subrayan el aspecto de que se trata de asumir compromisos que se puedan cumplir en una economía que tiene que recuperarse y volver a crecer. "Los inversores le reclaman a los países en desarrollo que tengan políticas económicas consistentes, y la inconsistencia macroeconómica característica de nuestra economía ha sido la de prometer pagos de deuda para los cuales no iban a existir los recursos", reflexionan en el Palacio de Hacienda. "Si  los acreedores no entienden esa lógica, demorarán en aceptar la propuesta. No vamos a cometer el error de aceptar las lógicas del pasado: sería virtuoso que aceptaran, pero tenemos un programa macroeconómico para el crecimiento con distintos escenarios. Todos los pasos que se están dando son coherentes con esa política de recuperación económica", resumen, con convicción, los responsables de la conducción de una etapa crucial de la economía argentina. "Los muertos no pagan", vuelve a escucharse como una cadencia. 

Fuente: Página/12