El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos-Corrientes), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.

Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).

Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos, publicó Parlamentario.

Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.

“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.

Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro-Córdoba) apuntó: “Socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.

Silvina García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro), autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.

En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo (San Luis) y Beatriz Mirkin (Tuumán), así como Magdalena Solari Quintana (Misiones), plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.

Sociedades Simplificadas

En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén) que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.

En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.

El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.

“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.

Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.

Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.