Jubilaciones y prestaciones sociales: el aumento de septiembre será del 7,5%

Jubilados.

Todos los haberes recibirán el mismo aumento porcentual. La jubilación mínima acumulará una suba del 28,9% hasta noviembre.

La ANSES informó que el aumento de las jubilaciones y demás prestaciones sociales que firmará el Presidente Alberto Fernández y que regirá para el trimestre septiembre, octubre y noviembre será del 7,5%.

 

En consecuencia, el haber mínimo que percibe la mitad de los jubilados del régimen general pasará de $ 16.864,05 a $ 18.128,85. La AUH que abarca a poco más de 4 millones de chicos de $ 3.293 pasa a $ 3.540. Las pensiones no contributivas – que son del 70% del haber mínimo – será de $ 12.689,80 y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo, será de $ 14.503,10.

 

En total el aumento comprende a 18 millones de personas entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, AUH y PUAM. No abarca a los jubilados y pensionados de regímenes diferenciales, como docentes nacionales o docentes universitarios, que en septiembre tendrán también un incremento de acuerdo a la movilidad propia.

 

El aumento del 7,5 % se aplicará por igual a todos los beneficiarios, sin distinción de haberes, como se hizo en junio, a diferencia del incremento de marzo que fue diferenciado según los rangos de haberes.

 

El porcentaje del aumento fue muy discutido en la semana en el Gobierno y el anuncio se fue dilatando y recién se dio a conocer a las 19,30 horas de hoy, viernes, luego que el Presidente Alberto Fernández avalara la postura que impulsaban los sectores que planteaban que el aumento superara la inflación del segundo trimestre– abril, mayo y junio- que fue del 5,3%. Otros sectores se inclinaban por un aumento de entre el 5 y 6%.

 

No obstante, con la fórmula suspendida, el aumento de septiembre debería ser del 9,88%, de acuerdo a la evolución de la inflación y salarios del primer trimestre de este año. La fórmula suspendida se aplicaba en base a los índices de 2 trimestres anteriores al del aumento.

 

Con el 7,5% de aumento general para los haberes de septiembre, octubre y noviembre, los jubilados y pensionados con el haber mínimo, las pensiones no contributivas y la PUAM - un total de 4,5 millones de personas --  acumularán una suba del 28,9%. Mientras los del haber máximo recibirán un incremento del 18,5%. Esos porcentajes surgen porque en marzo el aumento fue un 2,3% más una suma fija de $ 1.500 – achatando los haberes. En junio la suba fue del 6,12% similar para todos los beneficiarios.

 

Con el aumento de la inflación del 15,8% entre enero y julio, más la que se espera para los próximos meses hasta noviembre, las jubilaciones más altas volverán a perder en términos reales por encima del 20% de pérdida que sufrieron todos los jubilados y pensionados durante 2018 y 2019. En tanto, el balance con la suba del 28,9% de los haberes mínimos dependerá de que no se acelere el ritmo inflacionario en los próximos meses.

 

Todos estos números no incluyen los bonos extraordinarios que recibieron las jubilaciones y pensiones más bajas porque no se integraron a los haberes mensuales con lo que sus efectos se diluyen en el tiempo, y porque compensaron una parte de la pérdida jubilatoria del 20% durante el Gobierno anterior.

 

En el Gobierno esperan que este sea el último aumento por decreto y que antes del incremento de diciembre ya esté aprobada por el Congreso la nueva fórmula de movilidad y los aumentos se determinen por la fórmula que apruebe el Parlamento.

 

Inicialmente, la suspensión de la fórmula de movilidad fue por seis meses con la expectativa de tener lista una nueva fórmula para el aumento de septiembre. Pero a mediados de junio, con el argumento de que la pandemia distorsionó la realidad económica y social del país, a través del Decreto 542/2020, el Gobierno prorrogó por decreto esa suspensión hasta el 31 de diciembre de este año fijando que el Poder Ejecutivo determinará los aumentos de los haberes “con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”.

 

El DNU también extendió la labor de la Comisión integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso que debe proponer un proyecto de ley con una fórmula alternativa y las pautas de actualización de las prestaciones de los regímenes especiales, como el de docentes, docentes universitarios, investigadores científicos).

 

Fuente: Clarín

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