La jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, realizó una presentación en la que deuncia irregularidades en distintas unidades penales de la provincia, pero principalmente en la cárcel de Paraná. Esto motivó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) inicie acciones administrativas tendientes a investigar que pasó y puso en conocimiento de lo denunciado al Procurador General Jorge García  y la ministra de Gobierno Rosario Romero. 

Las máximas autoridades judiciales requirieron a Romero que se tomen "urgentes medidas de seguridad y prevención". 

En su presentación la jueza Cecilia Bértora puso en conocimiento a los miembros de la Sala Penal, integrada por el vocal Miguel Giorgio, la vocal Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia, de situaciones planteadas en el Servicio Penitenciario de la provincia, particularmente a partir de distintos hechos acaecidos este año en dependencias de la Unidad Penal N°1 (UP 1)  de Paraná, los cuales se vinculan con la tenencia  de estupefacientes y otras actividades delictivas por parte de internos allí alojados. 

Asimismo, destacó que algunas de esas acciones se realizan dentro de dicho establecimiento carcelario (con acciones dentro de la UP 1 y a través de directivas impartidas telefónicamente) que involucran además la participación de personas que se encuentran en libertad.  

Señaló además que hubo un hecho de gran repercusión pública en marzo pasado, cuando en un pabellón se secuestró una significativa suma de dinero, pastillas y celulares; destacando que lo curioso del caso es que en su momento hubo groseras divergencias entre lo informado oficialmente y lo publicado en los medios periodísticos respecto de los montos encontrados.  Consultó a autoridades penitenciarias -en forma telefónica- si se había dispuesto la confección de actuaciones administrativas a fin de evacuar estos interrogantes y determinar responsabilidades en temas de seguridad interna de la UP 1. Y que,si bien tuvo una respuesta afirmativa por parte del Servicio Penitenciario, todavía no tiene registro ni información alguna que avale la ejecución de esos procesos administrativos.  

Bértora expresó a la Sala Penal que el informe presentado se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 10866 y, atento a la gravedad y la necesidad de dar una respuesta orgánica ante una problemática que crece exponencialmente