Se realizaron por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos de la Juventud y la delegación argentina cumplió con una buena actuación. Entre los deportistas que lograron colgarse medallas, aparecen dos entrerrianos, ambos relacionados íntimamente al voleibol. Uno es el paranaense Gonzalo Lapera, que formó parte del plantel albiceleste que llegó a la final y perdió con el poderoso seleccionado de Cuba. En el mismo grupo estuvo Julián Álvarez, quien fue el asistente técnico y estadista del representativo de Argentina. Por otra parte, cumplió una destacada actuación en atletismo la crespense Betsabé Páez, quien realizó una excelente marca en el salto en alto y quedó muy cerca de subirse al podio.

El ex interventor del IOSPER, el ex médico militar Ricardo Rizzo, le ganó un juicio al Estado provincial, por lo cual en los próximos días deberá cobrar cerca de 150 mil pesos. El profesional demandó a la Administración Pública porque no tuvo continuidad su contrato en la Caja de Jubilaciones al asumir Sergio Montiel y sienta un precedente preocupante: de aquí en más, cualquier contratado que pasa por una situación de cese de funciones, estará en condiciones de reclamar por lo mismo, tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia. El único que votó en contra fue el vocal Emilio Castrillón. La esposa de Rizzo, Susana Medina, se excusó de participar de la votación, pero siempre siguió de cerca el expediente. Rizzo tiene tres ingresos en el Estado entrerriano y en cada lugar se cuestiona su “escasa presencia”. A su vez inició otra demanda en la que exige cobrar algo más de 12 mil pesos mensuales en la inexistente Comisión Fiscalizadora del IOSPER y no 9 mil, tal como percibe actualmente. Mientras tanto, hace no más de 15 días, y en absoluta reserva, fue citado a declarar por el juez federal Gustavo Zonis, antes de que el magistrado envíe a juicio oral la causa por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar, en la última dictadura. Rizzo negó cualquier vinculación con los hechos denunciados y lo relacionó a “una denuncia” de amenazas que tuvo que hacer su esposa en un juzgado de Instrucción de Paraná.

Una ley vigente desde hace siete años obliga al Estado a realizar campañas publicitarias a través de los medios para promover los derechos sexuales y reproductivos. Pero como sucede con muchas otras disposiciones, ésta tampoco se cumple en Entre Ríos. La irregularidad quedó en evidencia a través de un documento oficial y la explicación es muy sencilla. No fue por falta de fondos para contratar espacios: en los últimos tres años la Secretaría de Salud no pidió que se pautaran avisos sobre el tema.

El Foro Infancia Robada ha comenzado una serie de campañas de lucha contra la trata de personas. La organización apunta a exigir que los gobiernos comunales adecuen el margo legal para prohibir o inhabilitar lugares donde se ejerce la explotación sexual. Si bien no hay un registro fehaciente del negocio, se indicó que la provincia dejó de ser un lugar de tránsito del negocio: tras ser “captadas” bajo engaño en la zona de la triple frontera, se someten a mujeres a condiciones de esclavitud en territorio entrerriano, para luego trasladarlas hacia Buenos Aires y el sur del país. Oficialmente habría unos 80 prostíbulos reconocidos, pero la cifra podría llegar al centenar, en una trama delictiva que en su mayoría los sitúa en la costa del Uruguay.