La deuda flotante del Estado entrerriano –es decir la que urge pagar para continuar funcionando– supera los 1.000 millones de pesos. Los sueldos de empleados estatales demandan 500 millones de pesos cada 30 días y el déficit de la Caja de Jubilaciones es de 600 millones anuales. En medio de ese panorama, la Casa Rosada anunció que “se terminó el dinero” para las provincias, al tiempo que el gobierno de Sergio Urribarri comenzó a gestionar un crédito de 100 millones de pesos ante el BERSA que, afirman en la mismísima Casa Gris, sería para completar los fondos necesarios para hacer frente al próximo calendario de sueldos. Como para no tener que revelar el verdadero estado de situación, la Contaduría General de la Provincia no está cargando los datos en el sitio web, donde debe renovar cada tres meses, obligado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, los datos sobre deuda flotante, deuda estructurada y compromisos impagos. Los números dicen una cosa, el oficialismo habla de otra realidad y la oposición se mira el ombligo.

Desde la gestión anterior ocupa el cargo de fiscal de Estado para el cual fue convocado por el gobernador Urribarri y a pesar de lo específico de su función, Julio Rodríguez Signes le puso el pecho a todos los temas planteados por ANALISIS. Habló de la crisis económica que enfrenta la provincia, que incluye un déficit de más 600 millones de pesos de la Caja de Jubilaciones que no cubre la Nación pese a lo pactado, descartó sociedades privadas con el mandatario provincial y negó que sea el jefe de Gabinete en las sombras. Habló de Sergio Montiel, de Jorge Busti, de Hernán Burna en la Comisión para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), del fracaso radical y de que va a enfrentar a Sergio Carlín si éste le hace juicio al Estado. Reconoció que existe mucho litigio contra el Estado, sobre todo por temas del IOSPER y de mala praxis médica en hospitales entrerrianos. En el mismo sentido, aseguró que los morosos del IAPV suman una deuda gigantesca y, aunque Urribarri moderó su posición al respecto, se mantuvo firme en cuanto a que el docente que hace huelga tiene que sufrir descuentos.

Al ingresar al hall central del Museo de la Ciudad "Dr. César Blas Pérez Colman", lo primero que aparece es un armatoste rectangular tapado de papelitos celestes y blancos bien al estilo futbolero. Es un viejo televisor blanco y negro por los que la mayoría de los argentinos vio el Mundial ´78. A los costados, en las paredes, portadas de revistas de la época anunciando noticias farandulescas, ocultando el terror de los días de la dictadura militar. En uno de los ambientes contiguos, un collage de fotos y textos nos ubican en el tiempo: 24 de marzo de 1976, y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Cerca del colorido ensamble, una mesa con fotocopias de las actuales causas en marcha, documentos del juicio a los genocidas por delitos de Lesa Humanidad: el pasado y el presente. En el mismo ambiente, pero en otra pared, fotos y croquis de los centros clandestinos de detención. Esto es una breve descripción de lo que se puede ver visitando al Museo de la Ciudad en calle Buenos Aires, pleno microcentro de la capital entrerriana; la muestra se llama Dictadura en Paraná.

Las discusiones que en torno de la comunicación afloran al compás de las divisiones del peronismo gobernante despuntan un debate imprescindible. Desde el bustismo, que por cierto no es la mejor plataforma para dictar clases en la materia, el ex intendente Halle formuló observaciones que, al margen de las previsibles descalificaciones, merecen ser tenidas en cuenta porque subrayan la existencia de deformaciones verificables. Es que el periodismo “militante”, con su dependencia del poder estatal, expresa en los hechos una desvirtuación de los presupuestos democratizadores que el oficialismo, también en su versión local, levantó para fundamentar la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mientras tanto, las organizaciones sociales de Entre Ríos no se hacen cargo de un problema serio.

Los ex agentes civiles y militares que hacían tareas de inteligencia en Paraná y lugares vecinos y cobraban sueldo del terrorífico Batallón 601 del Ejército Argentino, con sede en Capital Federal, ya están siendo investigados por la Justicia Federal de la capital entrerriana. La decisión la adoptó el fiscal José Ignacio Candiotti, tras una presentación realizada el año pasado por ciudadanos y entidades de derechos humanos, tras las publicaciones en ANALISIS, revelando las identidades de los espías y la tarea que realizaban en la última dictadura, a partir de lo difundido por el Archivo Nacional de la Memoria.