Existe en la provincia de Entre Ríos un entramado de legislación que pretende brindar protección a las mujeres víctimas de violencia y las acciones en ese sentido se multiplican desde diversos organismos estatales y privados. Sin embargo, los casos de violencia, maltrato y abuso, y las intervenciones judiciales en este tipo de situaciones crecen minuto a minuto. En el año 2016 se tramitaron 8.256 expedientes en el marco de la Ley 9.198 de violencia familiar, de la Ley 26.485 de protección integral a la mujer y por delitos penales relacionados a este tipo de violencias. En 2017, esa cifra creció a 9.931 expedientes y hasta el 11 de mayo de 2018 ya se tramitaron 4.398 casos. La titular de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Yanina Yzet, destaca el trabajo y el esfuerzo que significa dar una respuesta adecuada para garantizar el derecho de acceso a la justicia, pero también reconoce la falta de recursos humanos y económicos de parte del Estado para efectuar el seguimiento de los casos y realizar un control efectivo de las decisiones judiciales.

La presidenta del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados confía en la inocencia de Sergio Varisco y descarta de plano las versiones que indican alguna injerencia de Rogelio Frigerio. “No se necesita en Cambiemos hacer ninguna bajeza para correr a un candidato”, grafica. Defiende su postura al momento de la división del bloque de Cambiemos y cuestiona la actitud de su ahora ex jefe político, Atilio Benedetti. “Es una persona cerrada y con un orgullo muy alto”, califica. A la hora de hablar de candidaturas, menciona a tres intendentes, pero advierte que es muy pronto y que lo que importa son las propuestas. Cuestiona algunos puntos de la reforma electoral que impulsa Gustavo Bordet y postula que, si hay cambios, no deberían aplicarse en la próxima elección. Las tarifas, el FMI, el aborto y el pedido de desafuero de Sergio Urribarri son otros de los temas sobre los que se expresa la legisladora, que también habla de la decisión de su esposo, el ex ministro montielista Oscar Berón, de acordar un juicio abreviado en una causa sobre presuntos delitos contra la administración pública.

Habrá que esperar a leer la sentencia completa que condenó al cura Justo José Ilarraz para saber si quienes impartieron Justicia en esta causa, se atrevieron a decir algo sobre el encubrimiento. Ilarraz no pudo cometer los aberrantes abusos que se oyeron entre abril y mayo en una sala de audiencias del palacio judicial, sin la complicidad de pares y superiores. Lo dijeron las víctimas una y otra vez, lo dijeron los abogados que intervinieron en el expediente, lo dijeron sacerdotes y ex sacerdotes: hay demasiadas autoridades clericales responsables del silenciamiento y el oscurantismo en la Iglesia Católica.

Una mujer denunció por estafa al apoderado legal de sus propiedades. Según lo que había señalado María Magdalena Primo, Juan Manuel Manassero la había estafado en una suma que rondaba los siete millones de dólares. Sin embargo, y a pesar de haber sido imputado en primera instancia, la Justicia lo sobreseyó. Incluso puede haber una nueva causa contra Primo por estafa procesal. El fiscal Federico Uriburu, quien había imputado en primera instancia a Manassero –cuyo detalle fue publicado en la revista ANÁLISIS-, fue corroborando la maniobra de engaño de Primo y pidió el sobreseimiento de quien era su apoderado legal. “La aparición de los boletos de compraventa han sido clave a los fines de la reconstrucción histórica económica de Manassero y Primo”, señaló el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, quien dispuso el sobreseimiento.

Vecinos autoconvocados que discuten la traza elegida para la conexión vial con Santa Fe ingresarán una iniciativa ciudadana a la Legislatura provincial para que se proteja la zona donde se pretenden realizar las obras en la costa entrerriana. La confirmación por parte de Vialidad Nacional que es la Toma Vieja el lugar elegido para la cabecera en Paraná agitó mucho más los ánimos. Desde el movimiento que aglutina distintas organizaciones que cuestionan la decisión oficial reiteraron que la misma no cuenta con licencia social. También recurrieron a la Justicia para que la Municipalidad dé precisiones sobre los informes técnicos que determinaron el sitio de emplazamiento de la infraestructura, pero estos datos fueron retaceados. A la escasa información se le suman cada vez más interrogantes. ¿Los trabajos de refulado en el río afectarán la extracción de agua dulce que consumen los paranaenses?, se preguntan ahora.

El intendente Sergio Varisco se encuentra en su peor momento político y judicial. Más allá del esfuerzo de sus abogados defensores para plantear recusaciones y objeciones para ganar tiempo, las pruebas que relacionan al presidente comunal con la banda que conduce el jefe narco Daniel Tavi Celis son contundentes. El juez federal Leandro Ríos no sólo entiende que el presidente municipal cumplió con un pacto político de campaña la de hacer ingresar al municipio a numerosas personas vinculadas con el narcotráfico, sino que, además, habría utilizado recursos municipales para comprar una partida de cocaína, junto a su funcionaria de Seguridad, Griselda Bordeira y con gestiones del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández. ANÁLISIS accedió al expediente y cuenta en detalle escuchas y reuniones comprometedoras del mundo narco, que involucran al intendente.