El atentado a la vivienda de César Ríos ocurrió durante la noche del 15 de febrero, mientras el periodista se encontraba en la casa con su familia. El fuego quemó la ventana de madera de una de las habitaciones, pero no hubo que lamentar víctimas. Las pericias policiales permitieron comprobar que el fuego fue causado por una botella de plástico en la que colocaron un mechero sobre la ventana. Ríos realizó la denuncia en la Comisaría Primera de San Lorenzo y posteriormente la Fiscalía dispuso una custodia policial permanente en el lugar.
Ríos escribió en su medio http://www.periodicosintesis.com.ar/index.php/hoy/item/2400-atentado-tir..., que sospecha que el atentado podría provenir por parte de “sectores mafiosos vinculados al poder político”, y que los motivos se podrían relacionar principalmente a informaciones que publica su medio desde 2011 sobre “inversiones narco” en San Lorenzo, en las cuales estarían involucrados funcionarios municipales y concejales, y que dieron como resultado la detención y procesamiento por narcotráfico y lavado de dinero de Delfín Zacarías y de su hija Flavia. En las últimas ediciones del semanario ofrecieron información que habría afectado de manera especial a los denunciados.
El lunes pasado, luego del ataque incendiario, Ríos fue entrevistado por un medio televisivo de Buenos Aires junto con Claudio Martínez, director y propietario de Radio Máxima FM 91.5, quien también viene denunciando la problemática del narcotráfico y la corrupción política desde hace varios años. Al día siguiente, Martínez recibió amenazas telefónicas en su celular, así como en el teléfono de la radio y en los de algunos integrantes de la producción de su programa radial. En las llamadas, de números no identificados, le dijeron: “Cortala, te vamos a liquidar, elegí qué tipo de bala querés que usemos”, entre otras expresiones.
Tanto Ríos como Zacarías dijeron a Fopea que estaban atemorizados y muy preocupados, porque además, sospechan que las fuerzas de seguridad locales están comprometidos con los funcionarios y concejales denunciados en sus medios. Ambos periodistas y sus familias cuentan con custodia policial.
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