La letra chica del acuerdo: los puntos que todavía falta negociar con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer, junto a Sergio Chodos, representante de la Argentina ante el FMI.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer, junto a Sergio Chodos, representante de la Argentina ante el FMI.

Las metas de déficit fiscal y emisión monetaria acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dio a conocer el ministro de Economía, Martín Guzmán, son solo la punta del iceberg de las negociaciones que se están llevando adelante. El Gobierno todavía debe arreglar con el organismo cómo será la reducción de la inflación y de la brecha cambiaria, cómo se bajarán los subsidios a la energía, cómo se harán los desembolsos del nuevo programa y cómo será el esquema de vencimientos para devolverle el crédito al organismo, un tema no menor para quien asuma la conducción del país a partir de 2026.

En la conferencia de prensa, Guzmán dio algunas pistas. Para bajar la inflación, reducirá el financiamiento del Banco Central, subirá la tasa de interés y seguirá con la política de control de precios. Sin embargo, no detalló cuáles son los objetivos de inflación para los próximos años. Todo esto se negociará en las próximas semanas con el equipo técnico del FMI.

Acerca de la brecha cambiaria, en el Palacio de Hacienda señalan que los economistas del Fondo no creen que el tipo de cambio oficial, que está en 105 pesos, esté atrasado. Esta es la justificación detrás de la declaración de Guzmán de que “no habrá ningún salto cambiario”. Según el equipo del ministro, cerrar la brecha requiere de una “metodología más holística” y señalaron que los fondos internacionales, “que vinieron a la Argentina durante el gobierno anterior a hacer carry-trade son los que generan presión en la brecha”, consignó el diario La Nación.

Por lo tanto, parte de las negociaciones con el FMI incluyen buscar una forma de darles salida parcial a esos fondos de una manera más ordenada, como se hizo en octubre de 2020, cuando el Tesoro licitó dos bonos en dólares, en medio de la disparada de la brecha cambiaria. En este sentido, en el Palacio de Hacienda indicaron que están analizando todas las alternativas, como el que aplicó Islandia en el programa stand-by de 2008 con el FMI.

En cuanto al déficit fiscal, Guzmán señaló que del 2,5 por ciento del PBI que se espera para este año, solo 1 por ciento del producto se financiará con emisión monetaria. El resto del gasto se cubriría con licitaciones en el mercado local de deuda y en el Gobierno son optimistas de recibir fondos frescos de otros “socios internacionales”, como dijo el ministro en la conferencia. Esto incluye a organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y a otros países. La gira presidencial por Rusia y China de la próxima semana podría ser la plataforma del Gobierno para pedir ayuda en este sentido, publicó el diario La Nación.

 

Reducir el déficit

 

Para reducir el déficit de 3,1 por ciento del PBI de 2021 a 2,5 por ciento, si bien este año no están los aportes extraordinarios de 0,5 por ciento del producto del impuesto a las grandes fortunas, tampoco está el “gasto covid”, que implicó transferencias por 1 por ciento del PBI. El ministro indicó que el gasto social y la inversión en obra pública no bajarán, pero igualmente el Gobierno tendrá que atacar el gasto en subsidios económicos, que el año pasado representaron 3 por ciento del PBI (2,4 por ciento de transferencias a la energía y 0,6 por ciento al transporte).

 

Reducir subsidios a la energía

 

Para reducir los subsidios a la energía, en el Palacio de Hacienda indicaron que siguen trabajando en la segmentación de tarifas, pero al momento solo se anunció una suba de 20 por ciento en los servicios de gas y electricidad para todos los usuarios por igual, que se aplicaría a partir de marzo. Este incremento, por debajo de la inflación esperada de por lo menos 50 por ciento, no solo no ayudará a reducir los subsidios, sino que no llegaría a cubrir el incremento de costos de la generación eléctrica y las importaciones de gas. El tema cobra mayor relevancia porque el área energética está a cargo de Federico Basualdo (electricidad) y Federico Bernal (gas), que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner.


Martín Guzmán, ministro de Economía.

Lo que viene

 

Una cuestión no menor es determinar cómo serán los desembolsos del nuevo préstamo por US$44.500 millones, que permitirán afrontar los vencimientos del programa anterior stand by, firmado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Este año, por caso, vencen US$19.000 millones con el fondo y en 2023, otros US$18.000 millones. Guzmán dijo en la conferencia que, luego de cada revisión trimestral de las metas, el Fondo desembolsará el dinero.

“Los desembolsos coincidirán con las fechas de vencimientos y tal vez haya algún exceso en base a las necesidades de la Argentina para fortalecer las reservas”, ampliaron luego en el Palacio de Hacienda. “Los desembolsos van a machear los vencimientos o los van a exceder. Es una discusión que no está definida”, agregaron.

Por otro lado, en el Ministerio de Economía confían en que el FMI “devolverá” los pagos de capital ya realizados, por un total de US$4500 millones, que incluye los US$718 millones transferidos hoy y los dos vencimientos de US$1900 millones realizados el año pasado.

En el Palacio de Hacienda aseguran también que el FMI no pedirá reformas estructurales de fondo, como la laboral, tributaria o previsional. “El tema súper de fondo será el cambio en subsidios económicos. Las tarifas tendrán más progresividad”, indicaron.

De hecho, el Fondo hizo hincapié en este punto en su comunicado: “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.

En 50 días, la Argentina tiene que hacer frente a un vencimiento de US$2800 millones con el FMI. Para esa fecha, en el equipo de Guzmán esperan ya haber terminado de definir la letra chica del acuerdo y que haya sido aprobado por el Congreso y por el directorio del Fondo. Con ese entendimiento técnico y político en mano, el FMI empezaría a desembolsar el dinero para cancelarle al mismo organismo.

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