Juan Cruz Butvilofsky
Si bien la pandemia desvió el foco, en Nogoyá se está investigando una de las causas más importantes de corrupción de dicha localidad. ANÁLISIS te cuenta la historia detrás de la investigación que tiene complicado a un importante funcionario del intendente Rafael Cavagna y que salpicó a toda la clase política. En el medio, una trágica decisión de la principal implicada y personajes que buscaron embarrar la cancha para desviar la atención.
La pandemia del Covid-19 acaparó toda la atención a partir de mediados de marzo, en todo el país y, de algún modo, desvió la atención y bajó el tenso ambiente que había, por aquel entonces, en la ciudad de Nogoyá.
La apertura de una causa importante de corrupción venía siendo el centro de la agenda local, y la investigación se topó con un imprevisto que conmocionó al pueblo: la principal acusada decidió quitarse la vida, en el marco de un expediente que se abrió por una denuncia en su contra.
Roxana Pelusa Portillo era la responsable del área de Barrido y Limpieza del Municipio, y fue acusada de quedarse con el salario de las empleadas y herramientas de la institución. El día anterior a su trágica decisión, el 11 de marzo, el fiscal que tenía por entonces la causa, Federico Uriburu, dispuso un allanamiento en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que se abrió por la denuncia de damnificadas de Portillo.
El esquema era simple: las contratadas debían pasarle parte de su sueldo a ella, e incluso, se dio continuidad a contratos, sin que las trabajadoras estuvieran en funciones. Es decir, Portillo se quedaba con la totalidad del dinero de aquellos contratos que se continuaban, sin la anuencia de sus titulares; para ello, fueron falsificadas las firmas de las empleadas. Además, Portillo les descontaba los días de licencia por enfermedad, pero el dinero se lo quedaba ella; no es que lo hiciera como un gesto de austeridad para preservar las arcas del Municipio.
En el área de Barrido y Limpieza, todas las contratadas eran -y son- mujeres precarizadas, con salarios extremadamente bajos (rondan entre los $3.800 y $5.000) y sin ningún vínculo formal, más que un contrato. En la ciudad se las conoce como “las subsidiadas”; todo un símbolo de precarización ¿No? Portillo, también, les daba un bolsón de insumos de comida e higiene, que proveía el Municipio como ayuda social. Además, fue denunciada por violencia laboral, por varias de sus empleadas.
Según la IPP -que investiga el período de un año que va de febrero 2019 a febrero 2020- el cálculo estimado del monto sustraído es de, al menos, $300.000. Cabe aclarar que aún resta avanzar en la investigación y pueden aparecer más contratadas que sufrían las retenciones de sus salarios y de ese modo aumentar el monto en cuestión.
(La nota completa en la edición 1114 de la revista ANALISIS del jueves 17 de septiembre de 2020)
