“El consenso científico internacional sobre las escuelas expresado por las más rigurosas agencias internacionales de salud pública en el marco de la pandemia actual es inequívoco desde el último tercio de 2020: deben ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, porque no constituyen una fuente importante de contagios, y su cierre, por lo tanto, no colabora de modo significativo con el descenso de casos en una comunidad[1]. De este consenso podemos derivar, entonces, que en nuestro país a los niños y adolescentes se les impone un sacrificio inútil. Al privarlos del derecho a estudiar y a socializar, no se les ‘solicita’ un ‘esfuerzo’ –como suele decirse–: se los convierte en objeto de violencia y sometimiento”.

El docente plantea que “la suspensión de la educación presencial y el aislamiento riguroso de menores son medidas que no obedecen a criterios sanitarios ni educativos. Si la educación fuera una prioridad, la vacunación del personal docente, el transporte, y las condiciones edilicias de cada institución tampoco deberían ser obstáculos después de un año y medio de pandemia”.

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