El titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, se refirió a la marcha del segundo juicio contra el expolicía provincial, Atilio Céparo, por delitos de lesa humanidad donde el organismo actúa bajo la figura de ´amicus curiae´, y estimó que “antes de fin de año” podría haber una sentencia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Boeykens sostuvo que la del jueves “fue una jornada muy sentida, porque declararon tres testigos víctimas y dos exagentes policiales”.

Contó que “las tres testigos víctimas se definieron como las ‘presas viejas’, que era el modo en que se denominaba a las primeras detenidas por el terrorismo de Estado, algunas ya desde 1975 y que estaban en la Unidad Penal N°6 de mujeres y que recibían a las nuevas presas que iban cayendo y ellas pudieron dar cuenta de cómo fue la llegada de las víctimas de este juicio que son las que fueron buscadas en Cipolleti y traídas hasta Paraná”.

Especificó que en sus declaraciones “dieron cuenta de la situación física y psicológica en que llegaron las tres chicas: Cristina Luca, Graciela López y Marta Brasseur, y cómo fue el recibimiento. También describieron como era la vida dentro de la cárcel y cómo eran sacadas de la cárcel algunas para ser torturadas y otras para firmar algunas actas auto-incriminatorias para ser juzgadas en lo que fue el Consejo de Guerra a las que fueron sometidas las presas en Paraná”.

Agregó que “las tres testigos contaron que tres las víctimas de esta causa fueron sacadas y que en aquel entonces se nombraba ya a Céparo; y una de las testigos, Alicia ‘Perica’ Dasso –quien allá por 2004 estuvo en lo que fue el secuestro de los libros que hoy forman el sustento probatorio de la causa- corroboró los nombres que ya se manejaban en el ´76 o ´77 con estos libros de guardia en los que figuraban los nombres de Céparo, de (Jorge Humberto) Appiani, de Zapata y otros que ya fueron condenados en otra causa”.

Respecto de la postura del acusado y su defensa, Boeykens sostuvo que “Céparo fue a la primera audiencia donde se le leyó la acusación y después prefirió retirarse con lo cual no está yendo a las audiencias, y el defensor obviamente busca despegar la participación de la policía de Entre Ríos en lo que fue el terrorismo de Estado, como que era todo dominado por el Ejército”.

En contraposición, señaló que “desde la querella se está intentando contraponer esto y decir que todas las fuerzas represivas participaron y que concretamente la Policía de Entre Ríos era la fuerza de calle e integraban la patota”. “Estamos desde hace tiempo intentando establecer cómo estaba conformada en su plenitud esa patota, porque claramente Céparo es el único expolicía de la provincia condenado por el terrorismo de Estado y la verdad es que él no actuaba solo”.

En tal sentido, planteó que “se viene intentando hacer entender al Juzgado Federal de Paraná, sobre todo a la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado, que no se puede elevar causa contra un imputado, por una víctima, sino que hay que entender la sistematicidad del terrorismo de Estado de otra manera. No se puede creer que Céparo fue el único que torturó a estas víctimas, ni fue el único que las sacó de la cárcel, sino que había una patota que formaba parte del engranaje represivo ilegal de nuestra provincia”.

Asimismo, explicó que “el criterio del Juzgado Federal de Paraná en la investigación es que solamente imputa y luego lleva a juicio cuando se identifica con nombre y apellido y la verdad que es imposible porque justamente una de las características que tuvo el terrorismo de Estado era la clandestinidad”.

Como ejemplo, mencionó que “las víctimas cuentan que en las sesiones de tortura había nombres de guerra, como Ramiro o El perro, que son personas que nunca se han podido identificar” y contó que “uno de los testimonios fue muy llamativo al respecto, el de Mariana Fumaneri, que dice que siempre le asustó caminar por la calle y pensar que las personas con las que se cruzaba podía ser su torturador, o que esa persona la había visto desnuda en una sesión de tortura, y eso es algo que hasta el día de hoy le asusta, y son secuelas del terrorismo de Estado, no saber quién era el torturador, que puede ser el vecino de al lado”.

“A esto no lo han entendido la Justicia Federal de Entre Ríos; de que es imposible identificar con nombre y apellido a todos, pero sí se puede identificarlos cuando se empieza a entrecruzar datos, informaciones, centros de detención, quienes operaban en cada lugar, etc.”, planteó.

Por otra parte, sostuvo que la inspección en la Unidad Penal “será el 8 de noviembre” y que en todos estos años “no hubo grades cambios estructurales en la UP 6 y los lugares a las que eran sacadas las detenidas eran oficinas que siguen estando –la oficina de la directora y otra de guardia- así como las celdas en dos pabellones: uno para las presas comunes y otro para las presas políticas”.

Acotó que “ya hubo otras inspecciones oculares y ya está probado que la UP6 fue centro clandestino de detención y será solo para ratificar lo ya sabido y constatado”.

Sobre la continuidad de la causa, adelantó que “el jueves próximo continuarán los testimonios y el viernes será la inspección, para luego cerrar el periodo de prueba y fijar la fecha para los alegatos. Luego entrará para dictar sentencia, con lo cual es probable que antes de fin de año tengamos una nueva sentencia en Paraná”.

Céparo, antecedentes y nueva causa

Céparo es suegro del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, y en años recientes supo desempeñarse como chofer del Poder Judicial. En 2016 fue condenado a 11 años de prisión en juicio también de lesa humanidad, por los crímenes que cometió contra una víctima.

En esta oportunidad irá al banquillo como acusado por los casos de tres jóvenes docentes que fueron secuestradas en noviembre de 1976 en Cipoletti, Neuquén, y llevadas al centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” en donde fueron sometidas a torturas. Luego fueron trasladadas a Paraná, en donde se las mantuvo detenidas ilegalmente en un primer momento en la Unidad Familiar (o "Casa del Director") de la Unidad Penal N° 1, para posteriormente ser llevadas a la cárcel de mujeres (UP6).

Según la acusación, estando en esas condiciones en la UP6 fueron sacadas de allí por Céparo junto a otro represor de la Policía de Entre Ríos de apellido Zapata, ya fallecido. Ambos las obligaron a firmar una declaración que luego fue usada como prueba de cargo en el Consejo de Guerra al que fueron sometidas, en una parodia de juicio que consistió en la puesta en marcha del aparato burocrático militar para intentar legitimar los crímenes cometidos, se informó desde la querella.

En octubre de 2016 Céparo se convirtió en el primer exmiembro de la Policía de Entre Ríos en ser condenado por delitos de lesa humanidad. El juicio permitió comprobar el rol de esta fuerza de seguridad en la represión de los perseguidos por razones políticas durante los años del terrorismo de Estado, y corroborar que la Jefatura de Policía ubicada en calle Córdoba funcionó como centro clandestino de detención y centro de torturas.

Caso “El Melli”

Respeto de la causa por la búsqueda para dar con el paradero del hermano mellizo de Sabrina Gullino, Boeykens afirmó que “no se avanzó en este sentido, pero sigue la causa abierta NN Facundo, búsqueda de paradero, que sigue su curso independientemente de lo que fue la causa contra los médicos del Instituto Privado de Pediatría (IPP)”.

No obstante, marcó que “la novedad es que la Corte Suprema de Justicia mandó a investigar la responsabilidad de Marino Héctor González por la apropiación ilegal de Sabrina y de su hermano mellizo”.