Para este lunes 17, a las 12.30, se aguarda la lectura del veredicto de la Cámara de Casación Penal en torno al planteo hecho por los abogados José Pérez y Raúl Barrandeguy, defensores de Juan José Canosa, quien fue condenado en septiembre de 2018 a tres años de prisión de cumplimiento condicional con más inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.

Canosa fue hallado culpable por el delito de negociaciones incompatibles de la función pública al beneficiar a empresas ligadas a familiares y a amigos en las contrataciones que hizo durante su gestión al frente de la tarjeta Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), entre 2007 y 2015.

En un fallo unánime. Los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel condenaron a Canosa a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Además, una vez que la condena quede firme, se le impondrán normas de conducta que deberá cumplir durante el plazo de 3 años.

La Fiscalía había pedido 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal dio por probado el rango de funcionario público de Canosa mientras estuvo al frente de Sidecreer, una característica que el ahora condenado negó de modo cerrado, y que la empresa, aun cuando está regulada por la legislación comercial privada, es una empresa con base estatal ya que sus dos socios son el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). En ese carácter, se le pudo achacar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Al leer el adelanto de sentencia, el juez Grippo hizo notar la peculiaridad que las tres empresas ligadas a familiares y amigos, Excelcom, Texmer y JDR Construcciones, empezaron a ser proveedoras de Sidecreer cuando Canosa asumió en la presidencia, y que desaparecieron del listado de oferentes cuando abandonó ese puesto. “Se convirtieron de manera repentina en proveedores”, entendió el tribunal.

Así, destacó que la firma Excelcom, ligada a Diego Urba, amigo personal de Canosa, contrató una sola vez previo a la presidencia del ahora condenado, en 2005, pero a partir de 2008, fue contratado en 16 oportunidades, “y ganó  todas las contrataciones para insumos informáticos, reemplazando así a proveedores históricos, a los cuales ni siquiera se los volvió a invitar”, dice el texto de la resolución condenatoria.

Entre Ríos Ahora recordó que se hizo notar que el propio Canosa firmaba las notas de invitación a los proveedores, y también ponía su rúbrica en la resolución de adjudicación.  Así, siendo presidente pudo beneficiar a parientes y amigos en las contrataciones. “Su relación con esas firmas nunca fue informado al directorio de Sidecreer, para así delegar la tarea de la adjudicación en otro miembro del directorio, lo que no hizo”, destaca la sentencia.

JDR Construcciones, empresa del tío de Canosa,  “se convierte en contratista sólo en la presidencia” del actual asesor legal de Diputados. Además, autorizó la contratación de la empresa de la suegra de su hermano, Carlos Canosa, aun siendo monotributistas, cuando las reglas de Sidecreer impiden contratar con una empresa que no sea responsable inscripto ante el IVA. Mirta Gueler, titular de Texmer, compartía dirección fiscal con el domicilio de su yerno, cuando fue adjudicada por Sidecreer para entregar prendas textiles, “ni siquiera tenía facturero”.

El 12 de diciembre de 2019, cuando se realizó la audiencia ante los jueces de Casación -Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano-, Canosa hizo una defensa de su gestión ante Sidecreer y proclamó su inocencia: “Vuelvo a decir que yo soy inocente, que si esta instancia considera que no es así, observando quizá alguna tendencia de los últimos fallos que ha emitido esta Cámara, que terminan siendo penalmente accesibles al criterio del Ministerio Público Fiscal, tengo mucha fe, tengo esperanza en ustedes. (Espero) que analicen todo esto que nosotros les hemos fundamentado. Y que de verdad consideren que yo soy una persona inocente. Yo no cometí ningún delito, nunca me interesé, siempre cumplí con lo que el Código me mandaba. Creo que estamos en un tiempo de cambios, y que los mensajes deben llegar no solo desde el actual Presidente (Alberto Fernández), sino desde el Papa Francisco, que ha hablado de Lawfare, y creo que todos nos merecemos una justicia justa y digna”.