Cristina apela su condena y busca demostrar que solo hay pruebas indirectas en su contra

La Justicia dará a conocer el próximo jueves los fundamentos de la sentencia por corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al resto de los condenados en el juicio conocido como Vialidad. A partir de ese momento se dará lugar a la etapa de apelaciones y el caso llegará a la Cámara de Casación Penal.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso darán a conocer los detalles de la condena a seis años de cárcel para la Vicepresidenta y de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que para el kirchnerismo configuró una “proscripción” que tiene como objetivo impedir que compita en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, actualmente no hay ningún impedimento jurídico para que la titular del Senado se postule.

Según pudo saber TN, la defensa de Cristina Kirchner ya trabaja en la apelación de la condena, una estrategia que Carlos Beraldi maneja en estricta reserva y de la que solo están al tanto unos pocos dirigentes y funcionarios como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Los abogados de la Vice intentarán demostrar que Cristina Kirchner fue condenada con prueba indirecta, es decir, que el TOF 2 no logró hallar documento o testimonio que certifique que la titular del Senado dio la orden de asignar las obras públicas viales a Lázaro Báez. Dicho de otro modo, que no tiene vínculo alguno con el delito de administración fraudulenta por el que fue condenada.

Este jueves el TOF 2 comunicará las pruebas y testimonios en las que sentó las bases de la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, una acción que habría generado daños para el Estado en torno a los $80.000 millones. Beraldi trabaja en la hoja de ruta de la apelación, que intentará demostrar que existió “mala praxis” por parte de los acusadores, esto es, el fiscal Diego Luciani y posteriormente los integrantes del tribunal.

Este “daño” contra el Estado se llevó a cabo al adjudicar a las empresas de Lázaro Báez un total de 51 obras viales, lo que para la Justicia significó un direccionamiento de la obra pública en favor del empresario. Para que esto suceda fue necesaria la connivencia con funcionarios de Vialidad Nacional y de la agencia provincial.

Se espera que justamente ese sea una de las justificaciones de la defensa de Cristina Kirchner para intentar derrumbar la acusación del fiscal y la condena. El argumento es que entre Cristina Kirchner, por aquel entonces jefa de Estado y las obras adjudicadas, existía toda una línea de funcionarios y que todas las pruebas en su contra son indirectas.

“Tenés que tener una prueba indirecta muy intensa para poder condenar a alguien”, le dijo a TN una fuente judicial que sigue de cerca este proceso que podría durar años. Es que una vez que la defensa de Cristina Kirchner apele, el caso llegará a la Cámara de Casación Penal, que en caso de confirmar la condena de la Vice abrirá las puertas para que la defensa llegue en queja o a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, que no tiene plazos para tomar una decisión.

En la etapa de alegatos, la defensa de la Vice adelantó algo de lo que dirá en este sentido. “Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo su abogado Carlos Beraldi en el comienzo del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

Por otra parte, respecto a la asignación de partidas para la obra pública, los abogados de la Vicepresidenta insistirán en que eso es potestad del Congreso de la Nación. Todo esto servirá para apelar el fallo, pedir que se revoquen las condenas por defraudación y se confirme la absolución por asociación ilícita.

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