El gobierno tiene decidido extender el canje tres semanas más, con el objetivo de tener más tiempo de negociación con los acreedores en los términos legales de la oferta, tal como lo anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer durante una charla virtual que ofreció para el Atlantic Council.

El objetivo oficial es extender el plazo hasta el 28 de agosto, última fecha posible para cumplir con el cronograma de fechas establecido en el prospecto de la nueva presentada el 6 de julio en la Securities & Exchange Commission (SEC). Porque ese día se cerraría la invitación, para que los tenedores de los bonos puedan mandar sus órdenes de canje, el lunes 31 se anunciarían los resultados, y el 4 de septiembre se realiza la liquidación y la entrega de los nuevos papeles. La idea siempre fue que ése sea el plazo definitivo, pero por cuestiones legales tuvo que fijarse el 4 de agosto (cuando se presenta una oferta, tiene que estar abierta un mínimo de 10 días y un máximo de 30).

Hasta este viernes al mediodía, la decisión era anunciarlo esta misma noche, pero con el correr de las horas la estrategia cambió y el gobierno comenzó a transmitir el mensaje de que no se corría la fecha del 4 de agosto, aunque finalmente lo hará. “Por ahora no se extiende. Se terminará de decidir luego del fin de semana”, dijo una fuente oficial cercana a la negociación. Lo cierto es que hay tiempo hasta el lunes para anunciar una extensión, más aún si hay alguna negociación con algún fondo a punto de cerrarse.

El plazo para que ingresen al canje los tenedores locales de bonos legislación extranjera venció ayer a las 20, pero para los inversores del exterior hay tiempo hasta el lunes, precisó una fuente del Palacio de Hacienda. De todos modos, eso depende del intermediario y de sus circuitos y procedimientos internos. El canje logró puertas adentro una aceptación del 92%, un porcentaje bastante mayor al 70% alcanzado en la primera oferta, que cerró el 8 de mayo. Esa aceptación equivale a USD 5.400 millones, sobre una deuda total de USD 64.800 millones. La Caja de Valores custodia cerca del 9% de la deuda bajo legislación extranjera.

Con los grandes fondos internacionales, hasta ahora, el Gobierno no tuvo suerte. Luego de la contrapropuesta realizada entre los tres grupos de acreedores, que plantea una mejora de 3 dólares respecto de la propuesta oficial, las autoridades respondieron reafirmando la oferta argentina y eso generó un recrudecimiento de la tensión. Los bonistas advierten que no entrarán al canje si no hay cambios, y el gobierno asegura que si los inversores no aceptan los términos planteados, seguirán trabajando por la sustentabilidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo confirmó Guzmán en las últimas exposiciones públicas que tuvo. “Más allá de lo que pase, vamos a iniciar negociaciones con el FMI para alcanzar un nuevo programa que ayude al país a recuperar la estabilidad macroeconómica”, sostuvo.

Pese a que el Gobierno intentó en los últimos meses dividir a los grupos de acreedores, hasta ahora logró el objetivo opuesto, ya que los tres comités se unieron en su rechazo a la última oferta y aseguraron que tienen poder de bloquearla. El único fondo que aceptó públicamente la oferta es el de Hans Humes, que tiempo atrás integraba el comité más dialoguista.

El Gobierno, sin embargo, intentará realizar modificaciones legales para intentar que se sumen los grandes fondos y lograr un canje exitoso. El ministro confirmó también en los últimos días que si la comunidad internacional realiza cambios al lenguaje adoptado en 2014, la Argentina se adaptará. Lo que buscan los acreedores es que el país se autolimite, como planteó Ecuador, en el uso de la cláusula de reasignación de los bonos y en la estrategia Pac-Man, que le permitiría al Gobierno ir sacándose a los holdouts de encima.