En el arranque del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta, donde desde este martes se debate del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.

“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.

“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios”.

A su vez, sumó: “No solamente eso, sino que lo que es más grave que al declarar la inconstitucionalidad volvieron a darle operatividad a una Ley que fue derogada por el poder del Estado que esta facultado para ejercer funciones legislativas que es esta casa del pueblo”, publicó Parlamentario.

“Es este Congreso de la Nación que debería rechazar y repudiar esta verdadera intromisión, por parte de la Corte, en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar. No pueden avalar este gravísimo echo jurídico porque estaría sentando un peligroso precedente hacia el futuro”, solicitó Soria.

Al hablar del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propiamente dicho, lo definió como “un proyecto concreto, conciso, destinado a mejorar el Consejo y darle un mayor dinamismo”. El objetivo es, afirmó Soria, “que comience a funcionar de una manera más armoniosa, que sira para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial”.

“Lo que queremos es que tengamos un Consejo de la Magistratura, que sirva para responder a la necesidades de los ciudadanos que nos piden más y mejor justicia en definitiva”, dijo.

El ministro sostuvo que “nuestro proyecto claramente busca facilitar los consensos parlamentarios necesarios”, y aseguró que el proyecto de este Gobierno “no difiere mucho” del proyecto presentado por el Gobierno anterior, en 2017, suscripto por el ministro Germán Garavano. Incluso toma cosas de ese proyecto presentado por el Gobierno de Cambiemos, apuntó.

El objetivo de este proyecto es “evitar esta amenaza de extorsión con los tiempos, una bomba cargada en la mochila… poco menos de 4 semanas”, señaló, advirtiendo que “el 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional en la Argentina, como es la parálisis del Consejo de la Magistratura. La parálisis del organismo que está llamado a administrar el Poder Judicial”.

A continuación detalló Soria que el proyecto del Ejecutivo modifica el artículo 2 de la ley vigente, donde regula la composición de los integrantes de las bancas que van a conformar el nuevo Consejo de la Magistratura. Se eleva la cantidad de bancas de los 13 miembros actuales a 17.

Según la iniciativa defendida por el funcionario, el nuevo organismo tendría 4 jueces o juezas elegidos de entre sus pares, debiéndose garantizar la representación de la justicia del interior; seis legisladores, dos del bloque mayoritario y uno por el que le sigue en cantidad de integrantes. También por los abogados, 4 de matrícula federal y un representante del Poder Ejecutivo Nacional y también por el estamento académico científico: va a tener dos representantes de ese estamento.

De tal manera, Soria resumió que el nuevo Consejo incorporaría un juez, dos abogados y un académico. Y enfatizó: “No se incorpora a ningún miembro del estamento político, y esto quiero remarcarlo, porque incluso fue uno de los argumentos que se sobreactuó en este fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre de 2021”.

“Ninguno de los cuatro estamentos que conforman el Consejo va a tener quórum propio; tampoco tendrá por sí solo los dos tercios”, agregó.

Sostuvo Martín Soria que con la composición propuesta, el estamento político no supera el 41% del total de los integrantes. “En la ley a la que la Corte Suprema volvió a darle validez constitucional, el estamento político estaba representado con el 45% de los integrantes. Este hecho muestra que el proyecto del Poder Ejecutivo es claramente armónico”, puntualizó.

“Creemos que es una composición inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional”, agregó.

Comentó además que se introdujo en esta nueva ley el aspecto de la paridad de género en la integración del Consejo de la Magistratura. Y destacó que en la actual composición que va a perdurar por las próximas 3 semanas, esa integración tenía, de los 13 miembros, solo 4 mujeres: el 30%. Además, recordó que otras modificaciones propuestas tienen que ver con los requisitos para poder ser miembros del Consejo, como no tener una condena penal por un delito doloso durante los últimos 20 años.

Además, aquella persona que fue miembro del Consejo, no podrá concursar por los próximos 2 años siguientes (actualmente el impedimento se limita a un año).

Por otra parte, no se modifica ninguna de las mayorías y se diferencia del proyecto propuesto por Cambiemos porque se disminuían los dos tercios para decisiones muy importantes, consideró.

Duro con la Corte

Para el final se reservó las renovadas críticas contra la Corte Suprema. Apuntó el ministro lo obvio: que el proyecto oficial no incluía que algún miembro de la Corte integre el Consejo. “Receptamos así una postura que hasta ayer era claramente un consenso consolidado, transversal a todas las fuerzas políticas, porque ni en la ley de 2006, ni tampoco en la ley de democratización de la justicia de 2013, que introducía reformas, se establecía que un juez de la Corte integrara el Consejo.

“Tampoco el proyecto del Gobierno anterior preveía que un juez de la Corte integrara la composición del Consejo de la Magistratura”, agregó. “Esto lo pongo como dato, pero la verdad que creo que a estas alturas no tenemos que ser ingenuos, porque sabemos que lamentablemente hay sectores que quieren llevar todo el debate a lo que evidentemente fue el objetivo real de la Corte al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006, que no es nada más ni nada menos que meterse por la ventaja en el Consejo de la Magistratura”, disparó.

En ese sentido recomendó que “no debemos naturalizar esto porque es grave. (La Corte) No solo se entrometió en facultades legislativas que corresponden a esta casa, sino que reviviendo un expediente de 16 años atrás, no solo se entromete, sino también resuelve algo respecto de lo que no podía haberse entrometido. Y sin embargo, toma un aspecto central para resolver quién debe presidir el Consejo de la Magistratura, y dice que es el presidente de la Corte Suprema”.

Para Martín Soria, “este es el verdadero debate: si queremos un Consejo democrático y menos corporativo, o si queremos volver a concentrar toda la organización del Poder Judicial en la cabeza del presidente de la Corte Suprema, como ya ocurrió”.

“El Congreso no puede permitir que la Corte los obligue a legislar, como tampoco se arrogue facultades legislativas que están reservadas solamente al Congreso de la Nación. Y de la misma manera, frente a esta disyuntiva, o buscamos una salida responsable, o dejamos que esta Corte Suprema nos condene a todos a la parálisis del Poder Judicial de la Nación”, planteó, para concluir diciendo que “confiamos que este Congreso va a tener la responsabilidad que esta Corte Suprema no tuvo”.