La jueza María Eugenia Capuchetti procesó este viernes a seis personas que se habían manifestado frente al Congreso cuando se analizaba en la Cámara de Diputados el acuerdo entre el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. La jueza tuvo por probado que esas personas atacaron al edificio del Congreso con piedras y pinturas y provocaron una serie de destrozos, que incluyó el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese contexto, la jueza los procesó por el delito de “intimidación pública en concurso ideal con el delito de daño calificado” y les impuso a cada uno un embargo de 6 millones y medio de pesos, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Todo ocurrió el 10 de marzo pasado, cuando una importante movilización protestaba frente al edificio del Congreso Nacional mientras comenzaba el debate sobre el acuerdo con el FMI. Una pequeña facción comenzó a incendiar tachos de basura y lanzar piedras al edificio, en lo que luego desató el debate sobre si se habían pedido refuerzos de seguridad. La Policía de la Ciudad avanzó sobre los manifestantes, algunos de los cuales lanzaron bombas molotov sobre los efectivos. La respuesta fue balas de goma y camiones hidrantes. Cinco policías terminaron lesionados, así como algunos manifestantes.

Esto dio inicio a dos causas: una en la justicia porteña y otra en la justicia federal, que recayó en manos de la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. En Comodoro Py, después de días de allanamientos y diligencias, la jueza Capuchetti llevó adelante una serie de indagatorias en donde todos se negaron a declarar, mientras busca a más sospechosos.

Hoy, la magistrada entendió que cada uno de los seis acusados que identificó en esta causa realizó “distintas conductas para consumar los daños (ya sea arrojar elementos o destruir la acera para proveer de los mismos)” y actuaron “de mutuo acuerdo mientras cada uno producía los destrozos, siendo irrelevante determinar si los daños constatados fueron provocados mediante la acción individual de alguno o algunos de ellos”. En ese contexto, entendió que todos fueron autores de los destrozos.

“Ningunas de las conductas que se les reprochan aparecen como espontáneas o carentes de finalidad. Por el contrario, esta especie de ‘división de roles’ así como la utilización de elementos específicos para llevar a cabo dichas agresiones demuestra que existió una coordinación y ella se basó en un acuerdo previo dirigido a suscitar tumultos y/o desórdenes, entre las personas que asistieron el día de los hechos a las inmediaciones del Congreso de la Nación”, sostuvo la jueza.

El fallo resaltó que varios de los acusados llevaban elementos para “cubrir sus rostros y dificultar su individualización, con el fin de procurar su impunidad”. En la resolución a la que accedió Infobae, la jueza también subrayó que “en atención al marco en el cual se dieron estos hechos ilícitos” el ataque al Congreso “adquirió una amplia difusión y pública trascendencia tanto a nivel nacional como internacional”.

En ese contexto, señaló que de acuerdo a las constancias y los registros gráficos incorporados a la investigación se pudo establecer que “las conductas descriptas que fueron llevadas a cabo por Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo, Julio Valdés y demás partícipes aún no identificados, fueron idóneas para suscitar los tumultos y desórdenes que prevé el delito de intimidación pública previsto y reprimido artículo 211 del Código Penal”.

De la resolución no se desprende que se haya acreditado la hipótesis que expuso la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando hizo público el video en donde se veía la lluvia de piedras que ingresaba a su despacho. Allí la ex jefa de Estado exhibió lo que consideró “el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar”.

En otra resolución a la que accedió Infobae, la jueza aceptó como querellante al Honorable Senado de la Nación. Fue después de que ayer, jueves, la Sala II de la Cámara Federal anulara una decisión previa en donde había aceptado la querella de la presidencia del Senado, a cargo de Cristina Kirchner. Fue la defensa de uno de los acusados la que planteó que la vicepresidenta no tenía legitimación para hacer una doble persecución sobre su cliente.

“Más allá de la referencia que realiza la solicitante en su presentación inicial en torno a la Presidencia del H. Senado de la Nación, aquella acreditó correctamente su personería respecto de dicha Cámara, a tenor del mandato que le fuera conferido por quien ejerce legalmente la representación de la misma”, señaló la jueza en su resolución de hoy. La representación legal del Senado fue solicitada por la directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñafort.

“Conforme surge del análisis de los hechos que resultan materia de investigación, en especial las diversas pericias y relevamientos efectuados, fue el Palacio Legislativo el cual resultó afectado por las conductas aquí investigadas, alcanzado esa afectación la suma de $6.200.000 -pesos seis millones doscientos mil- en base a la estimación provisoria efectuada por la Secretaria Administrativa del Honorable Senado de la Nación. Esos daños alcanzaron particularmente dependencias de aquella Cámara la cual, según lo establecido por el art. 44 de la CN conforma junto a la Cámara de Diputados el Poder Legislativo Nacional. Cabe aclarar que la H. Cámara de Senadores de la Nación conforma una unidad ejecutora específica, dentro de la jurisdicción 11 según la Ley de Presupuesto Nacional”, agregó la magistrada.

Además de la causa en el fuero federal, la justicia porteña tiene en sus manos la investigación por los otros destrozos ocurridos en las afueras del edificio del Congreso. El Gobierno de la Ciudad estimó los destrozos en casi 20 millones de pesos. Allí hay detenidas tres personas: Oscar Ramón Santillán, Jaru Alexander Rodríguez Carrero, y Julián Claudio Lazarte.

La investigación es reclamada por Comodoro Py. Capuchetti sostiene que todos los episodios -los que pasaron frente al Congreso y los que ocurrieron en las afueras- deben ser analizados bajo un único prisma. El juez de la ciudad Norberto Circo estuvo de acuerdo, pero la semana pasada la fiscalía porteña apeló ante la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. “No resulta ser objeto de esta pesquisa los daños que sufriera el Congreso de la Nación ni tampoco la intimidación pública que se le imputaría a los individuos que eventualmente resulten identificados en el marco de la pesquisa que tramita ante el Juzgado Federal”, se insistió.