El director de Asuntos Jurídicos de Concepción del Uruguay, Gerardo Robín, dio detalles sobre los avances en la causa que investiga la sustracción de 25 millones de pesos al Estado municipal, durante un hackeo a sus cuentas ocurrido en abril.

“Nosotros le solicitamos a la Justicia ser querellantes particulares y actor civil, pese a que sabíamos que como querellantes no íbamos a poder constituirnos porque el artículo 92º del Código Procesal Penal lo prohíbe, ya que entiende que el Estado no puede hacerlo porque se supone representada por el Ministerio Público Fiscal”, dio a conocer.

No obstante, decidió presentarlo igualmente y, luego de un tiempo, “la jueza de Garantías, basada en un dictamen del coordinador de fiscales, rechazó la constitución como parte querellante pero sí hizo lugar a la constitución como actor civil”.

“Aunque no existan imputados individualizados todavía, ya que eso es obviamente tarea, jurisdicción y competencia absoluta de la Justicia, nosotros nos constituimos como damnificados para reclamar la devolución de esa suma”, explicó el funcionario.

En cuanto a la investigación, “todavía no están los resultados de la prueba informática que es exhaustiva, porque tratan de descartar cualquier tipo de injerencia externa”, añadió.