“Yo no voy a poner a nadie en la picota pública, lo que voy a hacer es mandarles una intimación y si no pagan, ejecutarlos”, advirtió el director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, en referencia a que en algún momento se le pidió publicar la lista de los morosos. Trató de hipócritas a quienes lo criticaron por su viaje a Londres y aseguró que detrás de aquel suceso estuvieron los sectores de poder que lo critican porque cumple con la ley. En charla con ANALISIS afirmó que no le interesa ser ministro de Economía y que tampoco piensa ser candidato a nada el año que viene. Del reportaje surgió que de 100 pesos que se recaudan 72 vienen de Nación, lo cual explica la absoluta y total sumisión a las directrices que el gobierno central impone a las provincias. Fue crítico con los gremios estatales por su falta de apoyo y aseguró que la política impositiva es inalterable. Aclaró por qué tiene un cargo de Urribarri luego de haberse alejado de Busti e hizo un giro de silencio cuando se le recordó que en algún momento fue tremendamente crítico del rumbo de la economía de nuestra provincia. Finalmente reconoció que hay miles de intimaciones en curso y que la morosidad bajó un 81 por ciento.

Maestras y alumnos sin posibilidades de asistir a las aulas durante semanas y familias peligrosamente alejadas de los centros de salud: todo conspira contra el arraigo en Entre Ríos cuando llueve. Las desmejoras en la trama vial trazada un siglo atrás y los trabajos insuficientes en más del 80 por ciento de los caminos que permanecen naturales, chocan con la inauguración de megaobras pensadas para el transporte internacional de grandes volúmenes, que dejan a los entrerrianos a la vera como una curiosa civilización primitiva. Los casos que desenmascaran al gobierno por el encadenamiento de engaños y que amenazan con meterse en las urnas como ocurrió en Parera.

El Arzobispado de Paraná se siente cercado y acosado por las derivaciones del caso del cura abusador Justo José Ilarraz. Mientras el cardenal Estanislao Karlic optó por irse al Vaticano –todo indicaría que no regresará más a Paraná-, monseñor Juan Alberto Puíggari decidió no hablar más del tema e impartió la orden de que ningún sacerdote haga mención alguna en sus homilías. El plan es negar los hechos -tal como lo planteara de modo absurdo e irracional el abogado defensor del cura, Juan Fornerón-, apostar al olvido y contener otras denuncias que vinculen a más curas abusadores en la Diócesis de Paraná que, de hecho, existen aunque se vienen manteniendo ocultos. Pero la Justicia también les puede llegar: Karlic, Puíggari y Mario Maulión reciben sueldos de funcionarios públicos desde siempre y por ende se los puede acusar por “incumplimiento de los deberes” en tal rol.