El jefe de la División de Delitos Económicos de la Policía provincial, Javier González, brindó detalles de la investigación por la cual se detectó a personas de barrios Anacleto Medina y Paraná XIII que retenían tarjetas de planes sociales como garantía de préstamos en dinero.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), González confirmó que la investigación “surge a raíz de una denuncia radicada en comisaria novena donde una persona da cuenta que le estaban reteniendo la tarjeta social por un préstamo”. Sobre la operatoria, detalló que el denunciante “había solicitado un dinero, cerca de 5.000 pesos, y le pedían a cambio la tarjeta beneficiaria de Plan Trabajar, con la cual le daban un numero de clave y usuario, y en el caso de que esta persona no pagara el intercambio que era totalmente informal, de palabra, se le apoderaban de esta tarjeta”. 

Especificó que “al demorarse unos días en abonar el crédito hacían uso de esa tarjeta. Esta persona cuando vio que estaban abusando de él, porque no podía afrontar la devolución y le pedían a cambio la tarjeta, radicó la denuncia contra una persona que vive en Anacleto Medina”.

Ante esto, mencionó que “se comenzó la tarea investigativa en base a lo que consideró el fiscal y se pudo establecer que la persona denunciada se dedicaba a prestar dinero en estas condiciones, y que el denunciante no era el único damnificado”. Agregó que “en los allanamientos se secuestraron varias tarjetas de distintos bancos y un cuaderno de anotaciones donde había aproximadamente unas 200 personas en este tipo de situación. También en el barrio Paraná XIII había otra persona que se relacionaba con la anterior y que hacía lo mismo”.

Adelantó que a raíz de este hallazgo “continuará la investigación porque no sabemos si en otros barrios está sucediendo lo mismo, en relación a ese tipo de préstamos con extorsión, coacción y de retener las tarjetas para hacer ese cobro”.

El jefe policial confirmó además que “se ha escuchado también con los comercios, donde algunos comerciantes retenían las Tarjetas Alimentar como una garantía en base a entregar fiado los productos. Esto se hace con gente de bajos recursos, que tienen planes, y abusan de la necesidad  y la desesperación económica que tienen”.

Sostuvo que la operatoria de los prestamistas “era totalmente una usura, se manejaban de boca en boca haciendo propaganda, había alguna persona encargada de hacer esa propaganda y de encontrar a los damnificados”.

“Todas las personas quedaron identificadas, no quedaron detenidas pero serán citadas en Tribunales. Y además notamos que en las tarjetas de Banco Nacional hay un CUIT lo cual permite poder detectar a las personas y citarlas a comparecer en sede judicial para poder determinar la forma y el modus operandi de estas personas”, acotó.

Lamentó que “se trata de una devolución de dinero dos o tres veces más de lo que la persona solicitaba” y mencionó que “en los allanamientos también se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, a partir de los cuales se podrá establecer qué tipo de conexión hay en todo esto y si hay alguien más relacionado con esta operatoria”.

“Hay una vulnerabilidad y un abuso de estas personas que están necesitadas económicamente y se ven perjudicadas por otras personas sin escrúpulos”, resumió.  Y advirtió que “uno de los puntos principales que se trata de investigar, es apuntar hacia dónde proviene el dinero de los prestamos: si de la clandestinidad, si es por venta de estupefacientes, de juego o de lago mal habido”.

Finalmente, informó que “el fiscal de atención primaria Martín Abraham fue quien actuó tras la denuncia y ahora que las personas ya están identificadas y supeditadas a la causa le tocará a un fiscal de Investigación y Litigación”.