Luego de que el Ministerio de Salud de Entre Ríos le devolviera la matrícula otorgada en septiembre de 2020 y más tarde anulada, Leandro Rodríguez Lastra volvió a solicitar ser admitido en el Colegio Médico de Gualeguaychú, y consiguió, otra vez, el rechazo.

Lo había intentado antes. El médico, referente del movimiento próvida, fue condenado por la Justicia de Río Negro el 4 de octubre de 2019 a “dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos” y “a un año y dos meses de prisión en suspenso” al haber sido hallado culpable por impedir la práctica un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven de 19 años, víctima de una violación.

Con residencia legal en Villa Paranacito, departamento Islas, bajo el ala protectora de su colega, el exsenador provincial justicialista Eduardo Melchiori, el médico Rodríguez Lastra, condenado en 2020 en Río Negro, donde trabajaba, volvió a la carga pero esta vez desplegando sus contactos políticos en la zona. Su pretensión es poder trabajar en Entre Ríos.

Siendo senador provincial del PJ, Melchiori impulsó, en 2012, la sanción de una ley que prohibía la práctica del aborto en Entre Ríos. El artículo 1° del proyecto de ley que ingresó ese año en la Cámara Alta planteó la prohibición en «la Provincia de Entre Ríos de toda práctica médica que tenga por finalidad principal el aborto procurado de un ser humano desde su concepción hasta su nacimiento”, en consonancia con lo expresado la carta magna entrerriana».

Fue la propia diputada provincial Carmen Toller (PJ), esposa de Melchiori, quien inició las consultas y pedidos ante el Colegio Médico de Gualeguaychú para que Rodríguez Lastra sea admitido. La legisladora argumentó  que el propio gobernador Gustavo Bordet le había encargado a Salud resolver el tema de la matrícula de Rodríguez Lastra con premura, insistió en su admisión y consultó sobre la posibilidad de que sea su esposo, Eduardo Melchiori, quien lo presente ante la comisión directiva de la institución.

Aquí vale preguntarnos si la legisladora Toller fue elegida para representar los intereses de los entrerrianos o los de Rodríguez Lastra, a quien destinó el tiempo suficiente para impulsar las gestiones que hasta el momento no han tenido los mejores resultados para el médico. Gestiones que suceden ante el repudio de funcionarios, dirigentes, asambleas e integrantes de diferentes partidos políticos, organizaciones feministas y de Derechos Humanos de diferentes puntos de la provincia.

Finalmente, el miércoles 3 el exintendente de Villa Paranacito llegó hasta las instalaciones del Colegio Médico para solicitar a sus colegas que admitan al tocoginecólogo condenado por la Justicia. Pero la respuesta de la comisión directiva fue la misma que a fines del 2020: negativa.

Cabe recordar que Rodríguez Lastra presentó el pedido de afiliación al Colegio Médico de Gualeguaychú ni bien obtuvo la matrícula provincial, en septiembre de 2020, pero desde un comienzo la postura de la institución fue que si bien la matrícula le permite ejercer la medicina, no obliga en ninguna medida a la institución a recibirlo. De igual manera, Rodríguez Lastra puede ejercer la profesión por fuera del Colegio, facturando o labrando convenios individuales con obras sociales como Iosper.  Pero el interés de Rodríguez Lastra es poder participar de los convenios que establece el Colegio y lograr el cobijo de una institución que además procura proyección en muchos otros aspectos.

Otro punto sobre el que se funda la negativa del Colegio Médico para admitirlo es que dentro de su estatuto–sobre el cual se realizaron modificaciones en el año 2019-, su artículo 10°, apartado II, establece que aquellos médicos aspirantes a integrar como socios activos la institución, no deberán “registrar antecedentes penales, y/o contrarios a la moral y honestidad profesional”. Aunque parezca increíble, el estatuto de una institución intermedia plantea mayores requisitos que la ley que regula la habilitación del ejercicio de la medicina en la provincia de Entre Ríos.

A aquello que considera un triunfo político por la marcha atrás del Gobierno entrerriano, Rodríguez Lastra le suma la disputa por el reconocimiento de sus colegas en la institución que los nuclea en el Departamento Gualeguaychú. Para dar esa batalla, cuenta con el mandado y las influencias de la diputada provincial Carmen Toller.

La restitución de la matrícula

El pasado 24 de febrero, el Gobierno de Entre Ríos levantó la suspensión de la matrícula del médico tocoginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien fue encontrado culpable de interrumpir un aborto no punible en un hospital público de la ciudad de Cipolletti.

Rodríguez Lastra fue condenado el 4 de octubre de 2019 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a las penas de un año y dos meses de prisión y el doble de inhabilitación por no haber realizado un aborto no punible.

El proceso judicial evidenció que Rodríguez Lastra obligó a una paciente víctima de una violación a continuar con su embrazo, pese a que había dado consentimiento informado para interrumpirlo. Esto fue probado a lo largo del juicio en el que además se comprobó que la vida de la joven no corría riesgo alguno, argumento esgrimido por la defensa técnica del médico referente del movimiento Salvemos las 2 Vidas.

Así fue que la Justicia rionegrina ratificó la condena en las instancias que le siguieron al fallo de origen, y que a Rodríguez Lastra solo le queda discutir la sentencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir que, de los cuatro tribunales que intervienen en la definición de su situación procesal, tres ya lo han encontrado culpable, señalándolo además -como ocurre en el caso del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro- que el médico ejerció violencia de género y obstetricia sobre la paciente de 19 años a la cual la asistía el protocolo ILE vigente en esa provincia.

El desembarco del médico celeste en Entre Ríos

El caso se conoció cuando Entre Ríos Ahora publicó la noticia. El 22 de noviembre de 2020 este sitio contó que el Ministerio de Salud de Entre Ríos otorgó matrícula para desempeñarse como profesional de la salud en la Provincia al médico tocoginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra, condenado por la Justicia rionegrina por impedir la práctica de un aborto legal en un hospital público. La matrícula N° 12.642 le fue otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia con vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025.

Dos días después, Salud reaccionó. El 24 de noviembre dictó la resolución N° 4.649, firmada por la ministra Sonia Velázquez, a través de la cual se dejó sin efecto la matrícula otorgada en septiembre pasado al médico Rodríguez Lastra. Esa resolución que ordenó retirarle la matrícula argumentó que «lo cierto y real es que el mencionado galeno ha sido condenado por delitos relacionados a su actividad de médico y que los efectos de parte de la condena que no ha cumplido (la de la inhabilitación)”.

Enterado de esa marcha atrás, Rodríguez Lastra inició una batalla legal con el Ministerio de Salud con el objetivo de revertir esa decisión.

Finalmente Salud volvió sobre sus pasos y habilitó a Rodríguez Lastra no sin cosechar el repudio de organizaciones y colectivos sociales, políticos y feministas, como así también de la Campana Nacional por el Derecho al Aborto Legal.