“Yo pido que se resuelva, que se expidan, a favor o en contra. Y si me dicen que no corresponde, cuáles son los motivos, para de esa manera ir a la vía judicial, porque sigo en la vía administrativa y no puedo accionar por lo que considero es un derecho que me corresponde de que me han movido de la situación de revista cuando el Estatuto del Docente Entrerriano me amparaba”, explicó Armando Fiorotto, docente jubilado, a ANÁLISIS sobre el expediente que inició en 2014 ante el Consejo General de Educación (CGE). Allí solicitaba que se le abonara la diferencia de haberes adeudadas entre el cargo de preceptor y de director.

Según detalló, todo se remonta a 2012. “Hay un accidente en la escuela en que era directivo, era suplente de cargo vacante” y comenzó con problemas de salud, explicó el docente de Gualeguaychú. “Saco licencia por tareas pasivas, determinado por Junta Médica, y en ese transcurso salen a concurso los cargos directivos, entre esos el de la escuela en que yo era director. A mí me quedaban menos de dos años para la jubilación”, agregó.

En ese orden, subrayó que el artículo 7 y las modificatorias del Estatuto del Docente Entrerriano: “Dice que aquel docente que está en uso de tareas pasivas no puede modificar su situación de revista; y hay otras resoluciones que dicen que quien está suplente en cargo vacante luego de 6 meses de antigüedad tiene los mismos derechos que el titular. Es de donde me sostengo legalmente”.

Así, continuó explicando: “Me bajan a un cargo de preceptor que tenía en Ceibas, con lo cual sufro una quita salarial de casi 5 mil pesos en ese momento”, remarcó.

Fue entonces que presentó, primero, una nota: “A Susana Cogno, que era representante vocal de los trabajadores, pero no me respondieron. Y decido enviar una carta documento al CGE, pidiéndole que de manera urgente se me abone la diferencia entre el cargo directivo, y hago referencia al Estatuto del Docente. Comienza así un ida y vuelta, empiezo también a viajar a Paraná. En un momento al expediente lo archivan, sin notificarme nada; lo hago sacar de archivo y subir a Vocalía, y se lo trató”. Y acotó: “Yo ya jubilado, me llamaron que lo iban a pasar a la Caja (de Jubilaciones). Pero tenía que resolver el Consejo, porque el primer reclamo es a ellos”, observó.

En ese punto, Fiorotto también denunció sobre su expediente: “Lo pegaron a otros expedientes, lo desarmaron, lo desglosaron, vulnerando la Ley de Procedimientos Administrativos, porque no se permite ni desglosar ni desarmar los expedientes; y nunca me notificaron nada, o que haya venido el expediente o tener que firmar”.

Así, finalmente en 2018 pasó “a la Caja de Jubilaciones, hasta hace 10 días atrás”, explicó. Precisamente en junio, su abogado en Paraná, Ramiro Pereira: “Pide una vista del expediente en la Caja, y se lo niegan, que no saben dónde está. Y lo pasan al CGE. A mí en el sistema no me figuraba, pero el abogado tenía una captura de pantalla de que había pasado ahí”, contó.

En esa línea, su letrado: “Iba a presentar un recurso de queja al CGE, porque él no ha podido ver el expediente. A mí me preocupa la dilación en resolver, porque está desde el año 2014”, enfatizó.

“Yo pido que se expidan, a favor o en contra. Y si me dicen que no corresponde, cuáles son los motivos, para de esa manera ver si desistir del reclamo o ir a la vía judicial; porque sigo en la vía administrativa y no puedo accionar por lo que considero es un derecho que me corresponde de que me han movido de la situación de revista cuando el Estatuto del Docente Entrerriano me amparaba. Ellos se basaron en algunas resoluciones, pero están por debajo de un decreto ley de intervención federal, como es el Estatuto”, reforzó.

“No me permitieron concursar y el cargo que yo tenía debieron haberlo reservado; aparte estaba a menos de dos años de la jubilación. Hubieran reservado hasta que me jubilara y luego llamaban a concurso”, expuso. Y acotó: “La jubilación me la liquidan en base a esa quita que tuve. Tuve un perjuicio que se sigue acumulando, y no hay resolución”.

Finalmente, advirtió que también “están vencidos los plazos constitucionales, que es una mora administrativa de 90 días”.