Surge de la decisión del Gobierno nacional de considerar a las empresas del sector "actividades no críticas" y dejar de apoyar a editoriales y librerías con el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.
En una conferencia de prensa, los abogados del exgobernador condenado por corrupción hablaron de "irregularidades" en el proceso judicial y cuestionaron el trabajo de investigación periodística de ANÁLISIS.
El Ministerio de Justicia informó que revisarán los pagos a las personas que perciben un resarcimiento por haber sido víctimas del terrorismo de Estado.