Además, el profesional declaró que "debió soportar descalificaciones, agravios y amenaza de despido por parte del actual presidente de la Delegación Argentina" y que estos hechos "estuvieron acompañados del silencio de muchos compañeros o jefes directos que, por temor a perder su trabajo, decidieron no involucrarse".
Posse solicitó a Cristina Fernández y José Mujica que se "implemente una seria investigación sobre este caso, que necesita sanearse con decisión política, para que no se transforme en otro hecho más de impunidad, de corrupción triunfante".
"Estamos viviendo un calvario"
Ana María Huergo, esposa del agrimensor y autora de la carta pidiendo justicia a los presidentes de Argentina y Uruguay, reveló que Cristina Fernández de Kirchner respondió a la misiva con la promesa de trasladar su inquietud a los "organismos correspondientes".
En diálogo con El Entre Ríos, Huergo precisó que hasta donde su marido pudo investigar, en el caso "hay en juego entre 6 y 7 millones de dólares", pero la cifra "puede incrementarse mucho más porque le escondieron información". Relató que en una reunión privada, Juan Carlos Cresto -actual presidente del organismo binacional nombrado tras un acuerdo político con el gobernador Sergio Urribarri-, amenazó a su esposo con echarlo si no se dejaba de "jorobar" y al poco tiempo lo despidieron sin causa.