Aunque parezca mentira, nada indica en la justicia entrerriana que las dos causas más emblemáticas de los últimos tiempos, por graves hechos de corrupción, como la de los ATN de la fundación Aciser y la de los millones en el Uruguay del ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, convoque a juicio oral y público a sus imputados, antes de las elecciones de octubre. Los dos gruesos expedientes fueron elevados para el debate en el año 2003, pero el festival de apelaciones de sus abogados y la falta de firmeza judicial, derivaron en una vergonzosa desidia. A ello se sumaron las especulaciones políticas de magistrados y funcionarios, en pos de los ascensos en los escalones tribunalicios. En tanto, la Oficina Anticorrupción de la provincia, que está constituida como querellante en la causa que involucra al ex funcionario Oscar Mori y a la ex concejal de Paraná Liliana Morard (PJ), no movió un dedo para reclamar respuestas a la justicia, precisamente por las relaciones carnales de algunos de sus asesores con los imputados. Hace unos días, el abogado de Morard volvió a pedir la probation para su defendida, pese a que tal instancia ya había sido rechazada el año pasado, según confirmó ANALISIS.

El gobierno entrerriano elaboró un informe que en abril pasado fue enviado en forma reservada a la Cancillería Argentina en el que da cuenta del terrible impacto que significaría la instalación de dos plantas de pasta de celulosa en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú. ANALISIS tuvo acceso al estudio cuya elaboración estuvo a cargo del director de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, Gabriel Moguilner, que tiene por objeto “brindar información sobre los riesgos potenciales de daño ambiental e impactos negativos, producto de las metodologías empleadas para el sistema de blanqueo de pasta de celulosa con dióxido de cloro” que utilizan las empresas celulósicas, e insiste en que el gobierno “sigue muy atentamente, todo lo actuado y desarrollado por las autoridades uruguayas, en lo referente a la autorización o permiso de prefactibilidad otorgada a tal efecto a dichas empresas”. En tanto, también se solicitó a la Universidad Nacional del Litoral que elabore un estudio técnico para continuar con las discusiones con el Uruguay en ámbitos legales.

No pocos dolores de cabeza viene sufriendo el gobierno provincial en las últimas semanas, producto de su enfrentamiento con diferentes sectores, llámense los docentes, los agentes de administración central, el área de Salud, la rama de la Dirección General de Rentas y, como si fuera poco, las entidades del campo, a las que no trepidó en agredir con fuertes descalificaciones. Pero existen actitudes que parecen comunes a las respuestas oficiales ante los reclamos: la susceptibilidad y la paranoia instaladas en distintos despachos. Porque cada ataque verbal frente a opiniones que no coinciden con el discurso oficial adquiere forma de maltrato. Este gobierno supuestamente arribó para remediar los males del anterior y no para usarlos como excusa de sus propios yerros (sigue en el interior).

En la edición del 7 de julio este semanario publicó una nota dando cuenta de una organización no gubernamental llamada Responde. Esa información consignó que 33 poblaciones de la provincia corren peligro de extinguirse producto de la desaparición del ferrocarril y las principales producciones de cada zona, la desocupación y la falta de escuelas cercanas. Es por ello que es oportuno publicar en su totalidad este informe que aborda el mismo tema, realizado por un equipo del semanario colega El Miércoles, de Concepción del Uruguay. Mientras tanto, a pesar de lo preocupante, el gobierno provincial hace oídos sordos a esta terrible realidad y hasta la fecha ninguna de sus áreas implementa un programa de actividades para revertir la situación. Lo poco que hay para resaltar en este sentido son los esfuerzos solitarios de las propias poblaciones y de otros -de carácter autogestionario- encarados por la ONG que denunció esta realidad.

El poder político y económico de la provincia olvida sistemáticamente a los clubes de la costa del río Uruguay, pese a que traen los mejores resultados para Entre Ríos. Central Entrerriano de Gualeguaychú en la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el Torneo Argentino A y Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Uruguay en el Argentino B parecen quedar relegados de la ayuda oficial -que queda generalmente para las entidades de la capital- y emprenden campañas profesionales con el esfuerzo de dirigentes que juntan peso sobre peso para mantener en los más altos niveles al deporte entrerriano.

Los casos de tenencia de drogas u otros asuntos menores por estupefacientes pasarán de la órbita de la Justicia Federal a los tribunales entrerrianos, según lo dispone una ley nacional a la que adherirá la provincia. La simple comparación de estructuras para el caso de Entre Ríos -donde sólo hay dos jueces federales frente a 36 jueces de Instrucción, Correccionales y de Menores con competencia penal- le da crédito a quienes argumentan en favor de la nueva ley. Además, las estadísticas hablan de un déficit en la resolución de casos: sólo el dos por ciento del total de los sumarios que se impulsan por infracción a la Ley de Estupefacientes se elevan a juicio oral. Entre las consultas realizadas por este semanario, quedó claro que no se puede discutir el tema drogas sin dejar de buscar cuál es la mejor manera de que la Policía esté bajo control para evitar las mafias de las cajas negras y las causas dibujadas. En ese sentido, hay posiciones encontradas al debatirse la flamante legislación. Lo que sigue es una síntesis de una discusión entre entendidos y expertos sobre la nueva ley y los efectos que tendrá en la provincia.