Se acabó la luna de miel de los primeros 100 días de gestión. El gobierno provincial pasó las vacaciones sin sobresaltos, pero ahora se viene el tiempo de confrontación. Y aunque los docentes están en calma, el resto de los estatales se puso en pie de guerra y rechazó el aumento salarial ofrecido. El disciplinado alineamiento con el gobierno nacional ofrece garantías recíprocas en especias y también una absoluta dependencia política con el pingüinismo. La oposición sigue de vacaciones y todo lo poco que se opone se rompe o se compra, y el declamado transversalismo puritano se convirtió en travestismo puro. Se multiplica el mundo del consumo superfluo mientras que el Estado mantiene a trabajadores esclavos de 150 pesos. De a ratos la Convención corrige el eje de atención hasta que la refrescante realidad pone las cosas en su lugar. Hoy todo es presente, el futuro está vedado, por lo pronto, y reducido a la vida conyugal del partido en el gobierno, por cierto, “hasta que la muerte los separe”, es decir, hasta la próxima interna.

José Tinta era un reconocido médico paranaense que estudió Medicina en La Plata y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se especializó en Anestesiología y presidía la asociación de profesionales de esa rama de la medicina. Tenía 27 años cuando se recibió y le envió un telegrama a su mamá: “Soy médico”, rezaba el papel. Trabajaba en hospitales de Tigre y en clínicas privadas de San Isidro y San Fernando. Por su carácter cabrón y perfeccionista sus colegas lo apodaron Bronquitex. Le gustaba la música clásica y era fanático del cantor de tangos Julio Sosa. Se había dejado el bigote para que sus pacientes ganaran confianza y lo creyeran “más adulto” (sigue en el interior).

Manuel Ernesto Guastavino fue secuestrado el 11 de noviembre de 1976, en Palermo, cuando se preparaba para viajar a su Santa Elena natal al casamiento de un hermano. El día siguiente no hubo festejo. Y a 32 años continúa reviviéndose la incertidumbre de su ausencia. Un colectivo de alquiler se hizo paso aquel 12 de noviembre de 1976 por las calles de Santa Elena. Parte de la familia Guastavino y militantes de la JP se fusionaban entre los asientos. Habían viajado toda la noche desde Buenos Aires para estar presentes en aquel casamiento (sigue en el interior).

Fueron numerosos las personas y los militantes de Entre Ríos que resultaron secuestrados o asesinados en otros lugares del país, a poco de producirse el golpe de Estado del 1976. Uno de los casos más dolorosos -por la forma en que violentaron su domicilio, por la escasa relación que tenía con organizaciones y por la manera perversa en que lo dejaron morir- fue el del ingeniero Raúl Ramat, oriundo de Paraná, acribillado en la puerta de su casa, en Campana, donde estaba trabajando para la empresa Techint. Lo que sigue son dos fragmentos de anticipo de las 253 páginas que se incorporaron a la edición corregida y ampliada del libro Rebeldes y ejecutores (publicado a fines de 1995), próximo a salir nuevamente a la calle, donde su autor trata no solamente de actualizar cada una de las partes del texto, sino que también se incorporan varios hechos sucedidos en diferentes lugares de la provincia y el país, que hacen a nuestra dolorosa historia reciente.

-Un ambiente gris. Es indudable que el proceso de Reforma Constitucional en la provincia ha sido impotente en despertar expectativas en la sociedad. Con excepción de los ejes que en su momento quiso meter la Iglesia, no ha habido puntos de tensión que motiven fuertes debates como para que la sociedad tome nota de que algo importante está sucediendo.

Por estos días se cuece el destino del predio del, hasta ahora, Hipódromo de Paraná. En el ámbito de la Justicia se está por decidir si se le da luz verde a la venta, y en qué términos. Porque en caso de venderse, la comisión directiva de la entidad de los caballos podría dar lugar a la ejecución de un plan de construcción sobre buena parte del predio de 22 hectáreas. Calles y shopping están en la mente de los que sueñan con el jugoso negocio. Ni el Foro Ecologista de Paraná ni los vecinos de barrios circundantes pudieron tener un lugar en la causa en la que se fija el destino del tradicional y valioso espacio urbano. Ambientalistas y dirigentes del Jockey se mostraron conformes con sendos diálogos que mantuvieron con funcionarios de la Municipalidad, a pesar de que se trata de proyectos antagónicos. Los primeros quieren garantizar el valor arquitectónico de las instalaciones y el pulmón verde en medio de la densa urbanidad de cemento. Los otros parecen más interesados en un negocio inmobiliario que en preservar el lugar. Llamativamente no acudieron a la ley de salvataje de clubes y propician la venta. En ese marco, un grupo privado de origen cordobés se frota las manos porque podría acceder a los terrenos de un valor de más de 40 millones de pesos, pagando menos del 20 por ciento de su precio. Abogados, contadores, supuestos representantes de los trabajadores y directivos de la entidad sueñan con una venta millonaria. La ciudad toda, “bien gracias”.

Ricardo Gabriel Giménez tenía 29 años. Era el menor de tres hermanos, pero a diferencia de ellos, llevaba el apellido materno porque su padre había fallecido unos meses antes de su nacimiento. Desde hacía una década trabajaba como periodista del semanario El Actual, en la localidad bonaerense de Escobar, donde escribía notas sobre la mujer, y era militante de la Juventud Peronista ligada a la Tendencia Revolucionaria. El 7 de enero de 1976 fue secuestrado de la casa de una tía: “Negro, te venimos a buscar”, escuchó de una voz que sonaba amistosa, mientras un hombre le apoyaba una mano en el hombro. Era petisito, de barbita y chueco, y estaba acompañado por ocho individuos y otros tantos fusiles FAL. Nunca más volvieron a verlo con vida. Los sicarios violaron a su tía, amenazaron de muerte a su tío y robaron algunas cosas. Ricardo apareció muerto en la ruta 4, sin manos ni pies, y fue enterrado en una fosa común del cementerio de Campana.

Gustavo Borrajo será nuevamente juzgado por la causa en la que se lo acusó de haber realizado “negocios incompatibles con el ejercicio de sus funciones”. Luego de que el Superior Tribunal de Justicia revocara la sentencia, se conformó un nuevo tribunal que por estos días afina el lápiz para fijar una fecha que, según dicen, será “pronto”. El ex funcionario bustista tendrá que enfrentar un nuevo proceso para determinar si es o no culpable de haber contratado auditorías de créditos por 26 millones de pesos con el BERSA.