Más de diez años después de la denuncia, el ex vicegobernador Héctor Alanis y varios de sus lugartenientes en el Senado de 1995 al 1999, tendrán que acudir, por primera vez, ante la Justicia entrerriana para ser indagados por el desvío de más de 20 millones de dólares en los últimos años de ese período, a través de una “cuenta fantasma”. En el escrito del procurador general del STJ, Jorge García –al que accedió ANÁLISIS- y que sirvió de base para la acusación de la fiscal Laura Cattáneo, se hacen duros cuestionamientos a la etapa de instrucción de “un hecho institucional gravísimo” -que en principio lideró el ex juez Héctor Toloy-, como así también a los auditores del Tribunal de Cuentas, a quienes acusó de ejercer “un ciego control”. Alanis, su sobrino Maximiliano, el ahora millonario Crettón Pereyra y los ex senadores radicales Humberto Ré y Elcio Viollaz, tendrán que comparecer el 29 de junio ante la jueza Marina Barbagelata.

“En Diputados sufrimos la prepotencia de la mayoría, pero eso no nos amilana y ya hemos dado pruebas suficientes de que no nos van a llevar por arriba”, aseguró el diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS - radical), Agustín Federik, en una entrevista con ANALISIS. Denunció que el radicalismo está censurado por el ministerio de Báez y dijo que ya no lee más El Diario. Con sutilidad, criticó a Ricardo Troncoso y señaló que Atilio Benedetti no es políticamente un pecho frío. Advirtió que lo más peligroso de la actual gestión Urribarri es el endeudamiento y a su vez que el gobierno condiciona al IOSPER con su manejo económico, sin descartar que ello pueda ser una maniobra para intervenirlo. Aseguró que la gestión de Osuna en estos seis meses es peor que la de Halle y opinó que hay que tomar muy en serio la proliferación de la droga en Paraná. Finalmente, señaló que con la postergación del congreso ganaron todos los radicales y que los intendentes de su partido están siendo discriminados.

El cambio que Paraná viene experimentando en su fisonomía urbana desde hace algunos años tiene costos para muchos vecinos de la ciudad. Las empresas constructoras de edificios, beneficiarias de un insuficiente control de obra municipal, han reducido sus recaudos a la mínima expresión, ocasionándoles a los propietarios de viviendas linderas pérdidas importantes que pocas veces son reparadas. Profesionales de distintas áreas coinciden en que este tipo de situaciones ya constituyen una tendencia.

El lanzamiento de una multimillonaria línea de créditos para viviendas trajo a la superficie informativa un problema de larga data: la falta de terrenos urbanos donde construir viviendas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anticipó que echarían mano a terrenos pertenecientes al Ejército para destinarlos a tal fin, aunque en la fuerza ya han expresado solapadamente el malestar por esa intencionalidad oficial. En Entre Ríos existe una lista de tierras ociosas, que pertenecen a la fuerza nacional, pero entre lo que ya se transfirió a la sociedad civil y lo que queda en los ejidos urbanos no es mucho. En Paraná, tras la compra de más de 130 mil metros cuadrados de terrenos castrenses para la construcción de sedes universitarias y un hospital, no quedan más de 64 hectáreas utilizables. Sin embargo, el Ejército mantiene valiosos campos en las mejores zonas de Entre Ríos. El principal de ellos se llama Establecimiento General Urquiza, donde crían ganado vacuno para engorde y siembran soja y otras oleaginosas en una extensión de casi 5 mil hectáreas. El campo está valuado en 30 millones de dólares, sin contar el precio de las 2.700 cabezas de ganado que posee en su interior. Otra de las propiedades castrenses destacadas es el haras que se ubica entre Paraná y Oro Verde, con un valor de mercado que supera holgadamente los 5 millones de dólares. Esos son solo dos de los campos del Ejército que existen en esta provincia, en un conjunto aún mayor, como se muestra en la presente nota.