Por Antonio Tardelli (*)

Los especialistas en materia impositiva aseguran que el sistema tributario de la Argentina se caracteriza por ser complejo, ineficiente e inequitativo. Y que los recaudadores del Estado, ineptos o cómplices, no pueden solucionar el problema que comporta el elevado índice de evasión.

Este es el contexto general en que se inscribe una discusión específica, la de la modificación del Impuesto a las Ganancias, con la que el gobierno intenta reconciliarse con sectores medios reactivos a la orientación y sobre todo a los pobres resultados obtenidos hasta acá por la administración del Presidente Alberto Fernández.

La discusión sobre quién paga Ganancias, pues, se enmarca en el problema de un financiamiento estatal solventado en gran medida por los pobres.

Pobres que, por lo demás, representan (en jerga de política electoral) la primera gran minoría de la Argentina.

En buena hora que haya elecciones: advierte el gobierno que es hora de volverse simpático ante la población.

Al modificar la cifra a partir de la cual los salarios (¡los salarios!) pagarán Ganancias, recluta el oficialismo incluso el apoyo de Juntos por el Cambio.

Pero para vestir un santo hay que desvestir a otro.

El sistema impositivo es, por definición, una manta corta: algo siempre queda a la intemperie.

Sencillo sería si el costo fiscal de la medida se compensara totalmente con el incremento del consumo que, se proyecta, generará la medida.

Ahora los empresarios deberán pagar algo más en concepto de Ganancias.

En realidad, mas que la imposición de un tributo mayor, los hombres de negocios se verán privados de un beneficio contemplado en una reforma fiscal sancionada durante el macrismo.

A partir de 2021 las empresas debían tributar un 25 por ciento pero esa planeada disminución es ahora suspendida.

El impuesto se queda en el 30 por ciento aplicado entre 2018 y 2020.

La reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, sancionada a fines de 2017, estableció rebajas progresivas del 35 por ciento hasta un proyectado 25 por ciento.

Ahora se prevé una postergación: las empresas tributaran nuevamente este año una alícuota del 30 por ciento.

La contracción al 25 por ciento tendría vigencia recién a partir del año próximo.

Debe admitirse (para alborozo de quienes afirman que todos los problemas derivan de las interferencias estatales y para pesar de quienes ven en el sector público la encarnación de la justicia social) que los actuales niveles de gasto público son altísimos incluso analizando la secuencia histórica.

Y que ese sistema tributario complejo e inequitativo no devuelve al pueblo servicios de calidad.

A la vez, el sector público presenta desequilibrios que cíclicamente lo obligan a endeudarse o a emitir.

Porque hablar de la tercera alternativa, la disminución del gasto, es políticamente antipático.

En los últimos veinticinco años los impuestos que se abonan en la Argentina aumentaron sensiblemente en relación al tamaño de la economía.

Es cierto que la generalización borra las desigualdades y la injusta distribución de las cargas, pero en cualquier caso los contribuyentes argentinos tomados en conjunto llegan a pagar más o menos lo mismo que el promedio de algunos de los países más desarrollados.

En la década de los setenta, un economista brasileño, para hablar de su patria pero no tan solo de ella, imaginó un país ficticio.

En ese suelo imaginario había impuestos caros y servicios malos. Tributos del Primer Mundo y prestaciones del tercero.

Con recaudadores musculosos y población empobrecida.

Lo llamó Belindia: los impuestos de Bélgica y el cuadro social de la India.

En ese país, Belindia, vivimos hace rato los argentinos.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.