El oficialismo avanzará en las próximas horas con la letra fina de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, luego de que finalizara este lunes la ronda de consultas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli (Frente de Todos).

Además de los proyectos de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), se sumó ahora el de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que acota el mandato del procurador general a cinco años y flexibiliza la mayoría necesaria para la designación, pasando de dos tercios a mayoría absoluta del Senado.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles y Parrilli informó que antes de la firma del dictamen esperan contar con la opinión del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo sobre la reforma judicial.

Nicolás Becerra, doctor en Derecho Penal y primer procurador general nombrado tras la reforma constitucional de 1994 relató: “La lucha que tuve como procurador fue la de desandar una cultura de muchísimos años, muy enquistada en el Poder Judicial, donde los jueces reinaban bajo un viejo sistema procesal llamado inquisitivo, y donde los fiscales aparecían como actores secundarios, igual que los defensores públicos”.

“Era muy común oír a los jueces hablar de ‘mi fiscal’, ‘mi defensor’”, comentó, y prosiguió: “Con el advenimiento de la nueva Constitución, el primer trabajo fue hacer la ley reglamentaria del Ministerio Público, y en ese trabajo de convencer tanto a defensores como a fiscales de que ya no pertenecían más al Poder Judicial, fue necesario hacer una ley orgánica casi en espejo con el Poder Judicial”.

De esa forma, afirmó Becerra, “se comenzó a desandar un camino arduo de formación y de organización de un Ministerio Público que poco a poco fue robusteciéndose”.

El especialista sostuvo que “el procurador debe tener un respaldo suficiente, un consenso político adecuado, para poder ejercer sus funciones, porque emite dictámenes esenciales para las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia”, y puso como ejemplo su propio caso: “Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios del Senado, no hubiera podido dictar mi dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; y no hubiera podido dictaminar en la causa Lapacó”.

Respecto de los proyectos en debate, se mostró de acuerdo en la periodicidad del cargo, y recordó que él mismo atravesó las gestiones de cuatro presidentes (Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando De La Rúa y Néstor Kirchner). “La función requería un recambio”, reconoció.

“La etapa que viene, donde el modelo acusatorio terminará de instaurarse, requiere una conducción firme, consolidada, con un acuerdo y un respaldo políticos suficientes”, subrayó Becerra.

A su turno, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, doctor en Derecho de la UBA y profesor de Derecho Constitucional, consideró que “la discusión no puede empezar por el final, dando la receta, sin discutir qué es lo que queremos con la reforma”, y en ese sentido fue crítico con los proyectos de Lousteau, Crexell y Weretilneck, que “deberían ser replanteados”.

“No se trata de escoger, como si fuera una excusa, cualquier razón general, para proyectos que ya venían de antemano”, advirtió, y además sostuvo que las iniciativas son en algunos aspectos “llamativa, provocativa o exageradamente opuestas a la Constitución”, publicó Parlamentario.

Gargarella explicó que los proyectos se centran en la designación y en la remoción del procurador “descuidando todo lo que es importante, que es lo que está en el medio”.

“No es tan importante la entrada ni la salida, sino lo que queda en el medio: cómo se ejerce la función. Lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio del mandato”, insistió el experto, y hasta sugirió que “no sería descabellado pensar en una elección ciudadana del procurador”.

Por su parte, Guido Risso, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo, lamentó que la reforma constitucional de 1994 “en vez de resolver problemas, ha generado muchísimos problemas”, ya que “quedó a medio camino, está incompleta y eso genera tensiones”.

“El constituyente del ’94 no consiguió ponerse de acuerdo en instituciones fundamentales”, alertó, y en ese sentido afirmó que “guarda silencio” sobre aspectos importantes de la Procuración, como el nombramiento de su titular.

Risso aseguró que “la mayoría de dos tercios, que es la que se ha venido aplicando, es inconstitucional, porque es una mayoría agravada y todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en el texto de la Constitución”.

“El legislador no puede establecer condiciones más gravosas que las que establece la propia Constitución, por eso es que una ley no puede establecer una mayoría agravada cuando el constituyente no lo ha dicho”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que “la legitimidad de origen no tiene que ver con las mayorías parlamentarias”, sino que refiere a “un respaldo de la estructura política, pero este respaldo no deja de ser un respaldo coyuntural, porque toda estructura política es coyuntural”.

El especialista puso como ejemplo que Gils Carbó “fue designada por unanimidad” y “esa unanimidad se fue disolviendo en el aire a medida que cambiaba la coyuntura política”, y por eso pidió basarse en “la legitimidad de ejercicio” y no en la de origen.

Respecto de la perpetuidad en el cargo, advirtió que “es una gran anomalía del sistema republicano, es un resabio del sistema monárquico”.

En tanto, Fernando Díaz Cantón, profesor de Derecho Penal y Criminología y autoridad de la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) indicó que “el fiscal ha recobrado en el sistema acusatorio un poder enorme sobre la decisión del caso”, y a diferencia de otros poderes del Estado “que tienen varios jefes, éste tiene un único jefe”.

Díaz Cantón señaló que el poder del procurador “puede hacer que se convierta en la espada del poder político para la persecución de adversarios políticos y a su vez en el escudo protector de la propia tropa”.

“Es decisivo quiénes van a tener peso en la designación y en la destitución del procurador, y cómo se va a evitar la designación de procuradores adictos al gobierno de turno, o que se expulse a aquellos que sean rebeldes al gobierno de turno”, planteó, y agregó que “más allá de la legitimidad de ejercicio, los mecanismos de designación y destitución son fundamentales para evitar esos desvíos”.

En ese marco, se mostró en contra de modificar la mayoría para el nombramiento y sugirió mantener los dos tercios para esa instancia, y por otra parte coincidió en la necesidad de acotar el mandato a “cinco o seis años”.

Díaz Cantón también cuestionó -como propone Weretilneck- que el incumplimiento de la rendición de cuentas ante el Congreso sea una causal de mal desempeño para la destitución, dado que sería “una injerencia indebida de un poder en otro”.

La fiscal federal Mónica Cuñarro, especialista en Derecho Penal y en género, señaló que “la politización de la Justicia que se ha dado en los últimos períodos es algo nocivo para el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en general”.

Cuñarro coincidió en que la mayoría de dos tercios sirvió como respaldo al procurador, por ejemplo, para emitir dictamen inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -como hizo Becerra- o para organizar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, como hizo Esteban Righi. “En los temas de lesa humanidad, ha funcionado muy bien y ha sido un modelo para el resto del mundo”, destacó.

Respecto de si los legisladores pueden o no establecer una mayoría no estipulada en la Constitución, consideró que “es una decisión política, pero la Convención Constituyente no dio cheques en blanco, así como los jueces tampoco tienen cheques en blanco para decir que cualquier cosa es inconstitucional”.

La fiscal además indicó que “esta discusión no puede estar afuera del problema que le ha tocado al Ministerio Público en la relación espuria con los servicios de Inteligencia”, y “tampoco puede estar aislado del tema del sistema acusatorio”.

Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que “para saber cuándo las modificaciones en la ley son reformas que afectan la autonomía o no la afectan, tenemos que ver la diferencia entre control e injerencia”.

En esa línea, dijo que el proyecto de Weretilneck, en lo referido al tribunal de enjuiciamiento para la remoción, aumenta sus integrantes de siete a nueve, pasando de uno a tres representantes del Poder Legislativo, y estableciendo que los fiscales también podrán ser removidos por mayoría absoluta -cinco votos- al igual que el procurador.

“Los dos tercos no solo dan legitimidad de origen, sino respeto por la autonomía del Ministerio Público. Los dos tercios aseguran una discusión parlamentaria y son una salvaguarda institucional para que el procurador tenga un determinado perfil”, afirmó Villar.

El último expositor fue el abogado Horacio Erbes, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien consideró que “la Constitución no invalida que se puedan modificar los mandatos como así tampoco las mayorías” para nombrar al procurador, ya que esa regulación está ausente en el artículo 120.

“Los dos tercios son más que nada una construcción desde la jurisprudencia en el sentido de que aseguran una autonomía del Ministerio Público, pero en lo personal creo que no asegura la autonomía”, se diferenció Erbes, al poner como ejemplo que “Gils Carbó fue nombrada como marcaba la ley orgánica pero sufrió persecución política y terminó renunciando”, y “el procurador interino ya lleva bastante tiempo y ni el gobierno anterior ni el actual han logrado nombrar un nuevo procurador con los dos tercios”.