Por Daniela Mazza y Adolfo Tonín Monzón (*)

En el contexto de la actual pandemia se hace obligatorio actualizar el debate acerca de los riesgos que conlleva la delincuencia económica medioambiental para la subsistencia humana. Los reportes diarios relativos a siniestros ambientales imponen la necesidad de poner en marcha las herramientas con las que cuenta el aparato estatal y reforzar el sistema de cooperación mutua entre países a los fines de lograr contener su avance.

En este contexto, no puede quedar fuera de análisis: la particular situación socioeconómica de cada país.

Es innegable que, especialmente en los países emergentes, la protección a la biodiversidad se encuentra íntimamente relacionada con los procesos de desarrollo económico; puesto que la explotación de recursos naturales se presenta, en muchas ocasiones, como iniciativas que permiten y facilitan el bienestar económico de la población. Sin embargo, vale destacar que, el rédito que se obtiene mediante la explotación de la naturaleza, no siempre obedece a actividades lícitas.

En este sentido, el último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo el título “Blanqueo de Capitales y Comercio Ilegal de vida silvestre”: resalta la relación existente entre las modalidades delictivas medioambientales y el blanqueo de capitales.

El documento del GAFI, además, interpela a los países para que adopten estrategias nacionales y de reasignación de recursos para combatir el lavado de activos proveniente de estos delitos; instándolos a reforzar su conocimiento respecto a los riesgos implicados; reforzando la idea de formar una estrategia de cooperación mutua entre países.

Lo cierto es que en Latinoamérica, y particularmente en la Argentina, existe una riqueza invaluable de recursos naturales que deben y pueden ser protegidos contra los avances de la actividad empresarial temeraria y la criminalidad organizada. Esta última no sólo se presenta en sus variantes más evidentes; sino que suele ser más compleja y adquirir formas y entramados delictivos que requieren de un análisis profundo y de la adopción de estrategias públicas que desarrollen un trabajo coordinado de todos los poderes del estado a los fines de conseguir resultados tangibles y significativos.

En esta línea de acción, resultan avances acertados: tanto el Proyecto de Ley de Humedales como la reciente Ley de Manejo del Fuego. El primero ofrece un marco jurídico para el uso racional de este tipo de recursos naturales; y ambos, incorporan un valioso aporte para el control del blanqueo de capitales al prohibir la modificación del uso o destino que las superficies incendiadas poseían con anterioridad al siniestro.

Estos aportes legislativos contribuirán a mermar “el oportunismo empresarial” y las maniobras voraces orientadas a desarrollar emprendimientos inmobiliarios o ganaderos en zonas de recursos naturales que han padecido un siniestro.

Ello lleva al aprovechamiento del daño que el mismo ha provocado en los suelos, para transformarlo en un plus valor que va desde la posibilidad de expandir actividades económicas en zonas que a priori estaban vedadas; como a la revalorización económica de terreros mediante el desmalezamiento del suelo por mecanismos prohibidos con miras a su posterior venta en el mercado inmobiliario.

En este contexto, y siguiendo los lineamientos del GAFI, la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de prevenir el delito de lavado de activos, ha puesto énfasis en la criminalidad ambiental y solicitado intervenir, en varias investigaciones penales en curso sobre la materia.

Esta es la primera vez que la Unidad de Información Financiera ha decido tomar un rol activo en la lucha contra los delitos ambientales, entendidos estos como ilícitos precedentes al lavado de activos; generadores de dinero negro que luego se pretende introducir en el mercado financiero formal.

La participación de un Organismo técnico como la Unidad de Información Financiera, en causas judiciales donde se analizan entramados delictivos complejos como los mencionados, representa un paso más en la lucha contra la degradación medioambiental.

Ríos y afluentes convertidos en vertederos de residuos peligrosos derivados de la extracción de oro, quemas de áreas protegidas con finalidades de explotación ganadera ilegal, comercio ilícito de fauna o desarrollo inmobiliario no autorizado, son algunas de las modalidades que adopta esta delincuencia económica-financiera en su camino para lograr un rédito económico espurio a costa de la salud y el patrimonio de todas y todos los argentinos.

(*) Funcionarios de la UIF.