N.B. de ANÁLISIS

Cajas azules y cajas marrones, cajas embolsadas, cajas negras. Algunas con hojas amarillas pegadas en la tapa, con datos impresos. Todas apoyadas en el piso, apiladas haciendo una torre. Decenas de cajas fueron ordenadas con paciencia a primera hora de este lunes, en el centro de un salón amplio que más tarde sería ocupado por hombres y mujeres bien vestidos.   

En la sala de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde se desarrolla el megajuicio por corrupción más grande de los últimos años en Entre Ríos, decenas de cajas contienen documentos, miles de papeles que conforman la prueba documental del debate. Los cuatro fiscales fueron juntando esa información con tiempo, a medida que desarrollaban las cinco investigaciones que hoy discuten con siete defensores, frente a tres jueces.

Esta mañana, tal como se había anunciado el martes de la semana pasada, toda esa papeleta fue arrimada al epicentro de la escena, donde se contraponen fundamentalmente dos posturas: la acusación pública por graves delitos como Negociaciones incompatibles, peculado y fraude a la administración pública contra un exgobernador, exministros y funcionarios de sus mandatos, empresarios y familiares por un lado; y por otro lado la postura de un equipo de abogados experimentados, que rechazan toda imputación y aseguran que la incriminación a sus clientes responde a un velado fin político.

De eso se trata el día veintidós de juicio, de observar y controlar la documentación que está almacenada en esas cajas  y que, según el Ministerio Público Fiscal, respalda en buena medida las acusaciones públicas y los pedidos de pena.

“Esta prueba fue admitida en la convención probatoria”, subraya la fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF), Cecilia Goyeneche. La funcionaria judicial cuenta que el viernes pasado mandaron un correo electrónico a cada uno de los defensores, adelantando cuál sería la documentación que hoy llevarían embalada al salón de audiencias. “Enviamos el correo para evitar dilaciones, para que puedan controlarla el fin de semana y ocupar este día para incorporarla al debate como prueba”, acota.

Hoy, después de reabierto el juicio y minutos antes de la enunciación de Goyeneche, los abogados Raúl Barrandeguy -que representa los intereses del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel Sergio Urribarri-; Ignacio Díaz -que defiende al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez-; y Miguel Cullen -abogado de Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Romeo Sena, Alejandro Almada, entre otros-, pidieron más tiempo para controlar la documentación. Se quejaron de haber recibido el mail el viernes a la noche y reclamaron 24 o 48 horas más.  

El tribunal de Juicios y Apelaciones que componen José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, ordenó un cuarto intermedio que duró unos quince minutos, para decidir qué hacer con los planteos. Al cabo de ese tiempo, los jueces volvieron al salón y resolvieron que la jornada de hoy se ocuparía para controlar la documentación. Además adelantaron que este martes se incorporará como prueba la información chequeada en los papeles.  

Desde entonces, el grupo de abogados defensores, fiscales y secretarios está desarmando una a una las cajas. Miran los documentos que hay adentro, leen, preguntan, pasan página y vuelven a guardar.

El megadebate avanzó con un ritmo más vital hace algunas semanas atrás, cuando se produjeron varios testimonios. Desde el 27 de septiembre que empezó, pasaron unos cuarenta y cuatro testigos. Estaban previstos ciento cuarenta pero primero desistieron de doce, y la semana pasada Fiscalía renunció a la declaración de otras cuarenta y siete personas. Sobre este último listado -muchas de las exposiciones orales fueron propuestas por las dos partes-, los defensores aún no comunicaron una decisión. Si bien el desistimiento de testigos por parte de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull -acompañados por Goyeneche-, es una noticia que habla de la satisfacción de los investigadores con el desarrollo de la discusión.

Contexto

El megadebate por corrupción se inscribe en un contexto de fuerte disputa política y judicial en Entre Ríos. A mediados de julio pasado, abogados denunciaron a la cabeza del Ministerio Público Fiscal compuesta por el procurador General Jorge García y la procuradora Adjunta Goyeneche, ante el Jurado de Enjuiciamiento. La acusación por el desempeño de los funcionarios judiciales se dio en el marco de otra investigación por corrupción durante los mandatos del exgobernador Urribarri, la conocida como “causa de los contratos”. Abogados sostienen que Goyeneche ocultó supuestos acuerdos comerciales con uno de los imputados en la causa y tuvo un trato de privilegio con esa persona. Además, cuestionan al procurador García por conocer la situación y no apartarla del rol de investigadora.    

Los votos de quienes componen el Jurado de Enjuiciamiento sobre esas denuncias comenzaron a conocerse hace poco tiempo, en pleno desarrollo del megajuicio. Trascendió que de los siete integrantes del Jurado, seis decidieron abrirle causa a la procuradora Adjunta. Sobrevino la defensa pública de la funcionaria judicial. Dijo que al momento de investigar y realizar las imputaciones en la “causa de los contratos”, no tenía sociedad comercial con el imputado, que fue imparcial y, entre otros argumentos, endilgó al grupo político investigado las denuncias en su contra y el proceso de enjuiciamiento. Algunas instituciones que respaldan a fiscales se pronunciaron en su defensa.

Un día después, los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia que integran el Jurado -Martín Carbonell, Claudia Mizawak y Daniel Carubia-, emitieron un comunicado de prensa en el que hablaron de “operaciones mediáticas” y “corporativismo”. En el transcurso del fin de semana se fueron conociendo otras voces a favor de Goyeneche. Y este lunes trascendió que el proceso de enjuiciamiento sería a principio del año que viene.      

La situación institucional generó una polémica importante en la provincia, una discusión que no está cerrada. Dos sectores político judiciales enfrentados, mientras se juzga a un exgobernador y actual embajador.