El procedimiento de jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche tropieza con un inconveniente serio. La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y acudir a fiscales “ad hoc” de la lista de conjueces que elabora el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para suplantar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) es una estrategia que, de momento, genera sólo desaires en los convocados.

La lista de conjueces -con acuerdo del Senado, a propuesta del Ejecutivo- está conformada por 14 varones y 4 mujeres: Alejandro Daniel Canavesio, Gastón Alberto Justet, Amado Siede, Martín Acevedo Miño, Raúl Barrandeguy, Roberto Behéran, Luis María Campos, María Susana Benítez, Enrique Marciano Martínez, Miguel Ángel Federik, Ladislao Fermín Uzín Olleros, Carlos Alberto Schiavo, Julio Federik, Blanca Raquel Acosta, Gabriela María del Carmen Ceballos, Alejandro Daniel Briozzo, María Elena Romero y Carlos Antonio Chemez.

De ese listado de 18 personas, 11 ya han manifestado su rechazo a virar la función de “conjuez” para el que fueron designados por el de “fiscal ad hoc” para actuar en el ámbito del Jurado de Enjuiciamiento y ejercer la acusación contra la Procuradora Adjunta en el proceso que se le abrió por supuesto mal desempeño a partir de las denuncias de los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después. Esos letrados le reprochan no haberse excusado de intervenir en la  causa de los contratos truchos en la Legislatua a partir del vínculo comercial que tuvo con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

Se han excusado de intervenir como acusadores los abogados Amado Siede, Roberto Beherán, Ladislao Fermín Uzín Olleros,  Julio Federik, Alejandro Daniel Briozzo y Raúl Barrandeguy. Ahora, se sumaron Miguel Ángel Federik, Carlos Alberto Schiavo, Blanca Raquel Acosta, Enrique Marciano Martínez y Susana Benítez. De ese modo, del listado de conjueces al que apeló el Jurado de Enjuiciamiento, sólo quedan 7 para consultar.

La convocatoria a los conjueces sobrevino luego de una resolución que dictó el 30 de noviembre el Jurado de Enjuiciamiento, que receptó sendas denuncias contra Goyeneche, que reprochan su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, en particular su decisión de no excusarse de investigar por la relación comercial que tuvo con no de los investigados, el contador Pedro Opromolla.

Los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después, denunciaron a Goyeneche y pidieron la formación de jury.

El Jurado de Enjuiciamiento, en votación dividida, decidió abrirle causa, separar a Goyeneche de su función y, también, apartar a todo el Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury, y convocar fiscales ad hoc de la lista de conjueces. La decisión de apartar a los fiscales del proceso motivó un planteo de recusación por parte del Procurador General, Jorge García, que fue rechazado por el Jurado, pero que ahora está en proceso de apelación por un recurso de inconstitucionalidad.

García recusó a 4 de los 7 integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que votaron apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol acusatorio en los proceso de jury: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, y los miembros de la Sala Penal, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, y a la representante del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Sonia Rondoni.

Además, los denunció ante la probable comisión de un delito al violentar el ordenamiento legal en cuanto a las funciones de Fiscalía y pidió que, hasta tanto se resuelvan esos planteos, el Jurado se abstenga “de continuar el trámite en tanto se sustancia la presente a fin de no agravar la presunta ilicitud denunciada”.

Los otros tres integrantes del Jurado son Luis María Campos, que representa al Colegio de la Abogacía, el senador Armando Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer, que no acompañaron la moción de apartar al Ministerio Público Fiscal del rol acusatorio en el jury.

Las denuncias

El primer pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes 13 de julio último por el abogado Carlos Reggiardo por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Ese mismo mes se presentó un segundo pedido de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet acusaron por mal desempeño al Procurador General  y a la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche, con pedido de apartamiento de sus funciones.

La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de abrir causa a Goyeneche y separarla de su cargo y enviar a la Legislatura la denuncia contra García para un eventual juicio político se demoró más de lo suficiente, y se conoció antes por la prensa. Entre Ríos Ahora anticipó la novedad. Esa demora malquistó al Procurador, que lo hizo notar en su presentación. “La insólita situación irregular de darnos por notificados obedece a que sabemos a ciencia cierta de lo resuelto hace ya varios días, negándosenos el derecho a notificarnos, lo que obligó a que presentásemos en el día de ayer (por el miércoles) un requerimiento a V.E., con la salvedad de la tácita admisión en caso de omisión, lo que ha ocurrido”, dice la presentación de García.

Pero así como el Procurador General recusó a 4 de los 7 jurados, Goyeneche pidió el apartamiento de 5 de los 7.

Goyeneche apuntó contra  la decisión de suspenderla en el cargo mientras dura el proceso de jury, que fue votada por cinco integrantes del Jurado de Enjuiciamiento: los vocales del STJ Martín Carbonell, Claudia Mizawak y Daniel Carubia; la representantes de los abogados Sonia Rondoni, y el senador Armando Gay; en contra, votaron Luis María Campos y Gustavo Zavallo.

Goyeneche recusó a esos 5 jurados.

En un duro escrito presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento, Goyeneche sostiene que el jury en su contra obedece a una acción de “interferir en la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal ante el avance de las investigaciones y juicios por graves delitos de corrupción que se siguen en la Provincia. Esta acción deliberada tiende tanto a obstaculizar esas investigaciones concretas (…) como de infundir temor a jueces y fiscales, para de esa manera conseguir resultados más favorable a los investigados y acusados”.

Y resalta que esa “interferencia en la independencia del Ministerio Público Fiscal se concreta a través de un procedimiento de remoción que se encuentra condicionado por intereses de algunos actores del sistema político provincial, en particular por la amplia influencia que tienen o pueden tener personas imputadas en causas de corrupción, o allegadas a las mismas, en quienes ejercen la función de jurados”.