De ANÁLISIS

Hace exactamente un año, el Jurado de Enjuiciamiento suspendió a la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y la apartó de su cargo. La decisión implicó, en principio, que le redujeran sus ingresos y la eyectaran del megajuicio por corrupción que terminó en la condena al exgobernador Sergio Urribarri, buena parte de su equipo de gobierno, empresarios y familiares.

Fue la primera de una serie de decisiones en tándem entre el poder político y judicial en Entre Ríos. En efecto, al apartamiento de Goyeneche sucedió el conocido “fallo Cozzi” que cambió el criterio de plazos en las Investigaciones Penales Preparatorias y provocó sobreseimeintos resonantes en causas gravísimas, que actualmente están paralizadas. Devino luego la ley de creación de la Fiscalía Anticorrupción y la reforma al Consejo de la Magistratura. Actualmente se impulsa la reforma al Código Procesal Penal. Todas decisiones trascendentes desde el punto de vista de la institucionalidad y la independencia de poderes.

La suspensión de Goyeneche se conoció el 2 de diciembre de 2021. Los votos del Jurado de Enjuiciamiento se pronunciaron así: Sonia Rondoni (representante  por el Colegio de la Abogacía); Daniel Carubia (vocal del STJ); Martín Carbonell (vocal del STJ); Armando Gay (senador del oficialismo); Claudia Mizawak (vocal del STJ) y Gustavo Zavallo (diputado del oficialismo), todos ellos votaron por abrirle causa a Goyeneche. En soledad quedó la opinión del abogado Luis María Campos que consideró que no correspondía la formación de causa.

Hubo otra decisión gravitante de este jurado: más allá de la suspensión de Goyeneche, decidieron el apartamiento del Ministerio Público Fiscal del rol de la acusación en el enjuiciamiento. Algo no previsto en la legislación y que fue motivo de numerosos planteos jurídicos. No resultó sencillo encontrar un abogado de la matrícula que acepte ejercer el rol de acusador. Después de pasar por una lista de once personas, el Jurado de Enjuiciamiento (la defensa de Goyeneche recusó a varios integrantes por sus vinculaciones estrechas con la política), encontró a un exconcejal del peronismo de Gualeguay.  

A Goyeneche la enjuiciaron por dos denuncias. Una del defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, el abogado Carlos Reggiardo; y otra de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. El principal cargo en su contra tuvo que ver con no excusarse de intervenir en la “causa de los contratos truchos en la Legislatura”, la investigación penal por corrupción política más grande de la historia penal entrerriana. Le achacaron que a pesar de mandar a allanar el estudio del contador Pedro Opromolla (imputado en la causa), no se aparte de la investigación porque había compartido con él la propiedad de dos inmuebles que compraron de pozo a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba el marido de la fiscal.

Finalmente, el 23 de mayo de 2022 la destituyeron. Actualmente hay un recurso que espera resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La defensa de la fiscal destituida pidió que se declare la inconstitucionalidad de todo el proceso de enjuiciamiento y se ordene la restitución en el cargo.