Algunos hablan de varios millones de pesos. No falta la alusión a que las judicializadas pretensiones de cobrar mayores aportes pueden convertirse en un boomerang con consecuencias graves para las finanzas. Se refieren así a la situación que aqueja al Colegio de Escribanos de Entre Ríos y la Caja Notarial. A eso se le suma el cuestionamiento de jubilados y pensionados que, habiendo aportado cifras astronómicas durante su actividad profesional, reciben mensualidades diezmadas por los efectos de una resolución que abarca sólo a algunos, mientras que otros gozan de sueldos privilegiados. Los reproches se han convertido en causas judiciales en las que están en juego cifras importantes. Un grupo de escribanos que dialogó con ANALISIS cuestionó el modo en que la entidad que los nuclea decide las políticas gremial, previsional y de regulación. Según dijeron, las resoluciones importantes son adoptadas por una minoría que acude a las asambleas ordinarias con el poder de otros escribanos, y suman así los votos de personas ausentes en las discusiones. “Por defecto o por exceso, el Colegio está expuesto a un carísimo costo patrimonial, y los platos rotos de las malas acciones de la conducción las pagaremos los 380 escribanos de Entre Ríos”, dijo uno de los entrevistados en esta nota, que sirve de marco para presentar algunos casos puntuales de reclamos.

La Masacre de Margarita Belén, en el Chaco, fue uno de los hechos más sangrientos de la dictadura en nuestra Mesopotamia Argentina, en el que fueron fusilados 22 jóvenes dirigentes políticos. La lista comprendía a varios entrerrianos. En el libro Pájaros sin Luz. Testimonios de mujeres de desaparecidos, de Noemí Ciolaro (Editorial Planeta), hay un relato crudo de Mirta Sala (mujer de Néstor Sala), pero también contundente de lo que fueron esos días de terror.

-Justicia. Si un juzgado que entiende en una causa judicial no la eleva a juicio en un período máximo de cuatro años, la defensa del imputado puede pedir la prescripción del delito y por lo tanto el sospechoso queda libre. La norma procesal que define esta situación se apoya en un claro razonamiento de las garantías que deben tener los ciudadanos frente a la imputación de una conducta delictiva, y es lógico que se lo libere de vivir indefinidamente con semejante carga. Sin embargo, se hace necesario interpretar el uso y abuso que de la norma prescriptiva se hace en nuestra provincia.