Desde hace años el Hospital San Martín es escenario de desidia e irregularidades protagonizadas por algunos profesionales que perciben un salario a cambio de simular ejercer una tarea que en realidad no realizan. El Servicio de Rehabilitación del nosocomio no es una excepción, siendo un claro ejemplo de ineficiencia y falta de ética de personas que se dedican a la salud. No es demasiado relevante el número de trabajadores que violan reglas, normas y derechos en su ámbito laboral dado que con sólo unos pocos que hagan oídos sordos a la ética profesional, el engranaje de la institución sufre un golpe notable que padecen los sectores más vapuleados. En este caso las irregularidades referidas tienen que ver con la escasez de espacio y aparatología en relación con la creciente demanda y el ausentismo o, más específicamente, las escenas que montan algunos profesionales que sólo fingen trabajar la cantidad de horas que el contrato laboral les exige, percibiendo por ello alrededor de 2500 pesos o más, con la complicidad de muchos que ven los incumplimientos y no lo denuncian.

El proyecto de ley que pretende regular la cobertura transitoria de los cargos de magistrados de Primera Instancia recibió dos bolas negras en estos últimos días: desde el Poder Judicial y Cámara de Diputados. La iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado dejó entrever la desconexión que existe en el ámbito legislativo. En las entidades judiciales estarían de acuerdo con el sistema. Un especialista en asuntos constitucionales puso algunos reparos aunque no ve motivos para vetar la aplicación del mecanismo propuesto para designar jueces. Las deudas de la nueva Constitución y un debate que no se quiere dar. Otra vez el conflicto entre poderes.

El proyecto de un complejo turístico con eje en la Isla del Puerto produce controversia en Concepción del Uruguay. Nadie sabe de quién fue la idea, a nadie le parece prioritaria en una ciudad que tiene un tercio de sus vecinos sin agua potable o cloacas, y varias instituciones han manifestado sus reparos. El adjudicatario de la obra es, cuándo no, Lemiro Pietroboni SA. Este informe resume las distintas posiciones que se vienen consolidando entre sectores que se oponen de modo tajante a la iniciativa, otros que proponen modificaciones para mejorarlo y otros que advierten sobre algunos riesgos ante su inminente construcción.