Cada noche, en Paraná, centenares de familias ganan las calles a buscar comida entre la basura que conforma lo que parte de la sociedad desecha. Lo que cae de la boca de una población ya golpeada, comen otros: aquellos que sobreviven en la más drástica pobreza. Mateo Villalba, tiene tres hijos y cuenta cómo comenzó a buscar el bocado diario en bolsitas que encierra mugre y alimentos desechados. Marcela Cepeda es una madre de 9 hijos desnutridos. Ambas familias viven en sectores opuestos de la ciudad, pero envueltos en una misma pobreza, en una misma situación desesperante. Ellos son parte de una sociedad que está al margen de toda obra pública, de todo anuncio oficial, de toda posibilidad. Sus hijos integran esa lista dramática de niños y adolescentes que no saben lo que es comer regularmente ni educarse en una escuela. Son parte del 20 por ciento de los chicos que viven de lo que otros tiran. Ellos también son hijos de esta Paraná del siglo XXI.

El juez Federal rosarino Marcelo Bailaque le ordenó al Arzobispado de dicha ciudad que entregue toda la documentación que date de la última dictadura militar. Fue a pedido de la abogada Gabriela Durruty, que formalizó tal planteo en nombre de su patrocinada Élida Luna, que el magistrado le indicó a la máxima autoridad de la Iglesia rosarina que "remita toda la documentación que podría encontrarse en los registros o archivos de esa institución, o de otras sedes eclesiásticas que correspondan a ésta, vinculada a datos o informes relativos a hechos ocurridos durante el último gobierno de facto en el marco de las graves violaciones a los derechos humanos". La pregunta es por qué nunca nadie de la Justicia Federal de Paraná –que viene ya hace varios años trabajando las violaciones a los derechos humanos en esta parte de la provincia- o los mismos abogados querellantes hicieron un planteo similar respecto a los archivos del entonces arzobispo y vicario castrense, monseñor Adolfo Servando Tortolo. “Las cartas quedaron guardadas en la caja fuerte de la casa del Arzobispado, ubicada en el Parque Urquiza”, le dijo a este cronista el cura Julio Puga, que fuera su secretario personal y acompañara al prelado hasta su muerte.

A raíz de un informe interno en el cual se advirtió la realización de obras particulares sobre el área de seguridad del viaducto que comunica con Santa Fe, se inició en 2009 un expediente para poner en resguardo el sector que da a la costa, en el lado de Paraná. Con carácter de urgente, se solicitó la intervención de la Fiscalía de Estado, en tanto se inició otro trámite para colocar un cerco perimetral. A la fecha, ni el ministerio público se ha expedido sobre una solicitud “prioritaria”, ni se han podido efectuar medidas de protección sobre el eje de la conexión subterránea, en el cual se construye un country ribereño. La actual representación entrerriana en el Túnel Subfluvial pide una definición del ministerio público, al tiempo que considera que los terrenos ocupados pertenecen al Ente Interprovincial.

Políticos oficialistas y gremialistas dependientes del poder del PJ hicieron fila en Entre Ríos para cuestionar al hasta hace poco venerable sindicalista Hugo Moyano. Pero también, en lo que expresa la profundización de la fragmentación, dirigentes enrolados en la CTA echaron por la borda tanta consecuencia previa para militar contra una protesta que, en todo caso, fue tan burocrática como otras anteriores que oportunamente merecieron acompañamiento. También en el sindicalismo, como en otras esferas de la vida pública, el gobierno disciplina cabezas, que se resisten a pensar porque el Estado ya pensó por ellas.