Si la esforzada lucha que vienen emprendiendo los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, fuera asumida por nuestras autoridades -tal lo anunciado- como una referencia concreta para ampliar su compromiso ambiental haciéndolo extensivo a todo el territorio nacional, lo realizado en Entre Ríos se reforzaría como una actitud pionera en la defensa de los derechos humanos. Si, por el contrario, la presencia presidencial en el acto del 5 de mayo sólo se agotara en el problema de las pasteras uruguayas, no quedaría más remedio que considerar este hecho como un mero gesto de oportunismo político (sigue en el interior).

“Hay diferentes niveles de comprensión y las deficiencias de desempeño en los primeros tiempos de ingreso a la universidad son distintas: los chicos que vienen de escuelas privadas en general tienen mejores rendimientos”, sintetizó en una entrevista con ANALISIS el normalizador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), contador Mario Mathieu. Dijo que el presupuesto que maneja la universidad es de unos 40 millones de pesos y que el 93 por ciento se va en salarios. Las carreras más elegidas en la actualidad, aseguró, son Abogacía, Ciencias Económicas y Psicología, y viene creciendo Enfermería, y que la matrícula es de 19.000 estudiantes. Señaló que se cerraron cuatro Ingenierías y la Licenciatura en Biología de Uruguay y que se van a abrir este año la Licenciatura en Gestión Ambiental en Gualeguaychú y la Tecnicatura en Producción Agropecuaria en Chajarí. “Nuestro país y sólo uno o dos más –advirtió- tienen ingreso irrestricto”. Alertó que la deserción universitaria es muy alta, ronda el 90 por ciento -consignó- cuando razonablemente, finalizó diciendo, debería terminar sus estudios el 70 por ciento de los que inician la carrera universitaria.

En el mes de junio se cumplirá un año del día en que se reveló que el gobierno provincial había dejado vencer e incinerado alimentos destinados a planes de asistencia social. El hecho constituyó un terrible dolor de cabeza para el poder político, y le valió el cargo de ministro de Salud y Acción Social a Graciela Degani. Sostenida hasta último momento por el gobernador, el tenor del escándalo puso fin a sus días en el gabinete entrerriano. El caso llegó a la Justicia, por la denuncia de dos legisladores de la oposición, pero cerca del aniversario del hecho es poco lo que se avanzó en la tarea de deslindar responsabilidades, según pudo determinar ANALISIS. No hay querellantes, la fiscal se encierra en el mutismo y lo único que se hizo fue comenzar con las citaciones a prestar declaración testimonial, a fines de establecer si hubo delito o no. Amparada por la dilación de los tiempos de la Justicia, la principal involucrada -la ex ministro- reconvirtió su actividad en la función pública y tuvo una reaparición en escena cuando el gobernador visitó el Hospital San Martín, donde pasó a prestar servicios apenas se apagó el calor del escándalo.