Mario Alberto Quinteros dejó el cargo de camarista. El ahora ex funcionario judicial había competido por el cargo en el que se jubiló, pero su promedio no le alcanzó. Fue a la Justicia para impugnar el concurso y tuvo suerte: detuvo cualquier otra designación que lo pudiera correr y tuvo tiempo de terminar su carrera en el lugar que ostentaba. El Consejo de la Magistratura sufrió un desgaste demoledor. El STJ promovió una maniobra, al menos insólita, que no se explicó. Por otra parte, la Cámara de Diputados rechazó una serie de artículos sobre el proyecto en la reglamentación del organismo que evalúa a los jueces, entre ellos la creación de una terna de suplentes. Sí acordó los cambios en la distribución del puntaje.

Nadie en Entre Ríos, salvo el oficialismo, y ahora con dudas incluso, quiere elecciones en marzo del 2011. Los partidos consultados por ANALISIS aseguran que van a concurrir a la invitación del gobernador prevista para el 27 de mayo y de ese modo no caer en la trampa de quedar frente a la sociedad como rehuyendo al diálogo; pero en verdad desconfían del verdadero sentido de la convocatoria. Todos tienen en claro que éste es un nuevo problema de la interna peronista que los ata a ella y en la necesidad de Urribarri de conseguir consenso para modificar lo que se prevé un abrupto cambio de rumbo del oficialismo en ese sentido. Nada puede surgir de un debate, sostienen, si su conclusión no es vinculante y cuando finalmente todo terminará quedando en manos del Ejecutivo, sea la iniciativa llevada adelante por ley o por decreto. Hasta hace segundos, la fecha de elecciones no era un tema importante; hoy, en cambio, es parte de la alerta roja que preocupa a la escudería K. Y por ello, no sería extraño ver ahora al oficialismo dar el gran salto y llamar a elecciones en simultáneo con la convocatoria nacional y restarle de ese modo toda posibilidad de pretexto al bustismo rebelde de querer ir por afuera del partido.

El tratamiento mediático y un cierto cambio de perspectiva ha puesto en debate público la problemática sobre los casos de femicidios que se producen en el país y la región. Si bien se ha producido un avance en la discusión sobre este tipo de delitos –cuyo carácter se halla en la condición de mujeres de las víctimas, las instituciones públicas no han desarrollado mecanismos para situar y registrar este tipo de asesinatos. Desde la Justicia se ha reconocido la necesidad de contar con una categorización que permita evaluar la situación, así como una legislación que pueda acompañar la prevención y sanción. En tanto, organizaciones feministas trabajan en la visibilización del problema a partir del reconocimiento de las relaciones desiguales de género que se gestan desde el ámbito doméstico.