Ingresó al Concejo Deliberante de la Paraná, un proyecto de ordenanza que plantea la obligatoriedad de instalar cámaras de vigilancia en jardines maternales y de infantes, tanto públicos como privados. La iniciativa de dos concejales de la oposición, ya cosechó el rechazo de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que la cuestionó por violatoria de la privacidad y ser antipedagógica. Desde el sindicato también apuntaron que con estos dispositivos se evade la falta de control del Estado sobre el personal que presta tareas de cuidado de niños y niñas. En la ciudad ya existe una institución que promociona este servicio, conocida también por haber contado con un “rincón de la vergüenza” para los más traviesos. Los kits electrónicos básicos de control se pueden adquirir en negocios del ramo y cuyo costo –sumado el de instalación–, oscila entre los 2.500 y 4.800 pesos.

Dos viajes por cuestiones periodísticas diferentes hacen descubrir las similitudes de sendas ciudades: una uruguaya y otra entrerriana. Esta nota habla de tiempos apagados a la sombra de la desocupación, y de esperanzas e ilusiones heridas.

Fue un movimiento que dejó una marca en la conciencia ambiental de pueblos, gobiernos y políticos. Les demostraron a dos gobiernos que no pueden acordar de espaldas a la voluntad popular. Demostraron que cuando un pueblo se organiza no hay autoritarismo ni verticalismo que valgan. Así, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú logró que el río binacional Uruguay no se convierta en el vertedero de inmundicias sin ningún tipo de control. Soportaron inviernos curdos y veranos impiadosos en el enclave de Arroyo Verde, un alejado lugar de la ruta 136 desde donde se hicieron oír al mundo. Supieron convocar a más de 100 mil personas en sus tradicionales abrazos al puente internacional. Sin embargo no lograron sortear el golpe que el gobierno K les tenía preparado: una serie de denuncias penales que los alejó de la ruta y condicionó su accionar.

Un grupo selecto de empresas constructoras de Entre Ríos manejan a gusto y placer los negocios con el Estado entrerriano. Mueven cifras millonarias -que llegan desde la Nación o de la propia provincia-; inflan dos y tres veces los presupuestos; reparten dineros públicos, con criterios de premios y castigos y nadie los controla. El sistema prevé reconocimientos a través de cifras siderales, construcciones de fastuosas viviendas o la entrega de inmuebles en agradecimiento, lo que aparece como negociaciones normales y corrientes. Lo más preocupante: nadie dice nada, pese a la gravedad.