“Vamos a buscar los consensos necesario para que Fernando Cañete sea mi sucesor”, aventuró en una entrevista con ANALISIS, el actual presidente de Iosper Silvio Moreyra. Pronto a finalizar su segundo mandato, dijo que si bien quedaron cosas pendientes, la evolución de la obra social es indiscutible y desafió disputarle la soberanía política a Daniel Rossi en Santa Elena. Admitió que luchó pero que no pudo matar al plus y que la mayor erogación de la obra social se va en medicamentos y menos pero bastante en servicios de aparatología. Aseguró que deja buenos sueldos para el personal de planta ejemplificando que un jefe de departamento cobra cerca de 20 mil pesos mensuales y que el secretario personal de Julio Cobos ya no trabaja más para el Iosper. Apostó por Urribarri presidente pero aún no tiene candidato a gobernador. Desmintió que haya metido mucha gente de Santa Elena a trabajar y habló de los colectivos quemados de Rossi. Finalmente, señaló que legisladores y funcionarios piden como todos y que no se acuerda que lo hayan traicionado.

Hugo Espinosa, un paranaense de 61 años, se enfrenta casi en soledad a la actual conducción del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos. Tomar pública y abiertamente esa postura, según cuenta Espinosa, le trajo algunos inconvenientes. El hombre encabeza un sector opositor dentro del gremio, denominado Agrupación “6 de Agosto”, y en ese marco fue que durante la última Asamblea General Ordinaria realizada el 26 de abril de este año, recibió golpes y amenazas por parte de personas ligadas a las huestes que lidera el secretario General y actual diputado provincial, Antonio Alizegui (PJ). El inconveniente que desató la agresión fue el reclamo de Espinosa para que no se votara a libro cerrado la Memoria y Balance de 2013. La acusación por este hecho fue formalizada en la Comisaría Decimocuarta de Paraná, donde un médico policial constató la existencia de las marcas que quedaron en el cuerpo de Espinosa. Ahora, una incipiente causa comienza a tramitarse en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital provincial, a cargo de la doctora Elisa Zilli. Sin embargo, la historia no concluye en este hecho. Algunos años antes, Espinosa también denunció irregularidades: fue en la primera elección que le permitió a Alizegui el desembarco en la conducción del gremio. En el expediente de impugnación, que lleva el número 218.248/04, se demuestra cómo un afiliado que había fallecido unos diez días antes del acto eleccionario, votó en el departamento Uruguay.

La realidad, incontestable, asoma. No hay relato, por hiperpolitizado que se pretenda, que pueda disimular la ausencia de construcción. Fruto fiel del movimiento fundado por Perón, el kirchnerismo creció desde el poder. No es hijo de la militancia sino, en el mejor de los casos, de una circunstancia histórica que capitalizó con el oportunismo que caracteriza a los justicialistas. Pero determinadas instancias, como la sucesión, dejan ver los problemas que arrastra un espacio que no es orgánico, que milita desde el Estado, que no discute, que desconoce el ejercicio del debate interno y que construye su identidad obedeciendo sin resistencia lo que se define desde el aparato gubernamental. Mi único heredero es el pueblo, advirtió el general poco antes de bendecir a Isabel. Unidos y organizados, recitan los kirchneristas ya sabiendo que sus jefes han usufructuado justamente la falta de organización, y de organicidad, de un espacio que sólo podrá sobrevivir, paradójicamente, si en 2015 es enviado a la oposición.

Los negocios del gremialista millonario José Ángel Allende son repugnantes y repulsivos al sistema democrático. Con un expediente en Tribunales, abierto de oficio por los fiscales luego de una serie de notas de ANÁLISIS donde se denunció el desvío de fondos públicos mediante una fundación que integran familiares directo suyo, el diputado y titular del sindicato UPCN no se detiene en su tarea de acaparar poder en la esfera estatal. El creciente poder al que nadie le pone límites se expresa en otras dos nuevas circunstancias recientes: el desembarco en el Ministerio de Salud y el nombramiento de directores de hospitales que hizo el cuestionado dirigente, por un lado, y por otro en la destrucción mediante veto propiciado por el propio Allende de la Ley de Historia Clínica Digital, un instrumento que permitía, entre otras cosas, transparentar los pagos por prestaciones médicas que hace el IOSPER, en operaciones que ascienden a 20 millones de pesos mensuales. Con un presupuesto de mil millones de pesos, la obra social provincial también es territorio del gremialista-diputado.