Las dos ciudades más pobres de la provincia concentran una gran cantidad de planes sociales nacionales, pero su implementación no está exenta de irregularidades que involucran directamente a las administraciones de Concordia, a cargo de Juan Carlos Cresto, y de Santa Elena, que conduce Domingo Daniel Rossi. Las auditorías del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación han planteado las irregularidades y reclaman urgentes explicaciones con posibilidades concretas de suspender el envío de fondos, y el consecuente perjuicio para los más necesitados. Inclusive, hasta el Tribunal de Cuentas de la provincia ha solicitado informes para analizar las actuaciones de los municipios a pesar de que no tiene jurisdicción para actuar.

Los sectores más ortodoxos de la Iglesia Católica, identificados con la gestión de Adolfo Tortolo, han vuelto a desplegar sus acciones a la luz del día. Para eso cuentan con el respaldo del actual obispo Mario Maulión y la decisión del gobierno provincial de complacer sus reclamos. Recientemente lograron frenar la Ley de Salud y Educación Sexual, y por eso un grupo multisectorial integrado por directivos y docentes universitarios, gremialistas, profesionales y dirigentes sociales y políticos han lanzado una campaña destinada a que el Estado cumpla su rol y respete las leyes de la democracia.

-El buen menemista. La cuadratura ideológica del Intendente Juan Carlos Cresto se nutre de diferentes comederos. La tradición familiar lo emparenta con un manejo autoritario, conservador y discrecional de los recursos donde no existen fronteras claras entre lo público y lo privado. Este temperamento engarzó solidamente con la práctica menemista que profesa aún en la actualidad. Para un mejor entender basta señalar que Cresto inaugura su primera intendencia (1995-1999) con todo el empuje de la reelección del ex prófugo de la justicia argentina, Carlos Saúl Menem.

El grupo de padres docentes y alumnos que se movilizaron a la departamental de escuelas de Concordia anunciando su disposición a no iniciar las clases el próximo 1° de marzo porque “la escuela J. J. Valle está a punto de derrumbarse”, puso al descubierto un discurso que no condice con la realidad y el poco interés de sectores del gobierno en la educación de calidad. Apenas asumido, en diciembre de 2003, el gobierno anunció con bombos y platillos que se iban a refaccionar 788 escuelas en la provincia y 69 en Concordia, antes del inicio del ciclo lectivo. Lo iban a hacer sin licitación, “necesitaban ser expeditivos”, consignaron. Está por comenzar el nuevo ciclo, es decir, pasó ya más de un año y las escuelas reparadas, bien gracias. El ministro Sergio Urribarri tiene pleno conocimiento pues hace más de dos meses recibió un informe firmado por Moisés Hazán, jefe zonal de Arquitectura en Concordia, al que accedió en exclusiva ANALISIS que demuestra el reconocimiento de la situación por parte del mismo gobierno. Más de un tercio de las escuelas ni siquiera cuentan con proyectos de reparación; por lo menos un 10 por ciento tiene comprometida su estructura y están en “serio riesgo”; personajes que “abandonaron las obras” luego de cobrar y en solo 15 de las 69 escuelas se “hizo algo”.