El juicio por el manejo en forma irregular de los planes jefes de hogar desocupados en Bovril llega a su etapa final con los alegatos que este jueves expondrán las partes. El ex intendente justicialista Miguel Jacob y otras cinco personas -entre ellas el actual secretario de Gobierno del municipio, Ramón Lell- están imputadas por peculado y exacciones ilegales, por lo que podrían recibir penas de hasta 10 años de cárcel. Según se desprende de la investigación, el Consejo Consultivo que tenía a su cargo la implementación del programa social cobraba un canon a empresarios y comerciantes locales a cambio de que los beneficiarios realicen allí la contraprestación. La estrategia defensiva es que dicha conducta podría ser éticamente reprochable, pero que no se incurrió en la comisión de ningún delito. Entre los testigos citados estaban el ex ministro de Salud y Acción Social Rubén Villaverde y el ex diputado nacional Jorge Carlos Daud, pero ninguno se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Está arraigado con la fuerza de una costumbre casi atávica: el juego de azar. En manos del Estado, la tómbola, garantiza que por día en la provincia de Entre Ríos ingresen a las arcas un millón de pesos, que confluyen desde las 830 agencias diseminadas en toda la geografía entrerriana. Sin embargo aún persiste el sistema paralelo de las quinielas clandestinas que encuentran tierra abonada en aquellas localidades donde la crisis golpea más fuerte. Santa Elena, Villa Elisa, Basavilbaso son algunos de los puntos rojos, y se suma el caso de Crespo, convertida en la meca del juego ilegal por obra y gracia de El Pensador, un banquero que hace sombra al IAFAS con toda una infraestructura puesta a su servicio. En esta nota, ANALISIS recorrer los recodos de uno de los juegos de azar más populares: la famosa quiniela.

Un proyecto de ley propone dar un giro sustancial en política y legislación sobre la niñez y la adolescencia en la provincia. La naturaleza de la iniciativa consiste en sentar las bases para establecer un nuevo procedimiento judicial en menores ya estipulado en convenciones internacionales. Las reformas en el sistema no se pueden llevar a cabo en tanto no esté en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. ANALISIS da algunas pautas que pueden dilucidar por qué se demora el tratamiento del proyecto. También, cuáles serían los cambios en los procesos judiciales para menores de edad.