Pasaron 13 meses de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el Congreso y nueve del fallo de la jueza Federal subrogante de Paraná, Myriam Galizzi, en el cual se declaraba la constitucionalidad de dicha ley. Sin embargo, el llamado a declaración indagatoria de los responsables del genocidio en la provincia de Entre Ríos se sigue demorando. Si bien los militares fueron notificados, presentaron distintos recursos de apelación por lo que resta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, en Santa Fe, Rosario, Corrientes y Chaco, por ejemplo, siguen produciéndose avances importantes.

En una entrevista con ANALISIS, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Massarotti, descartó que vaya a ser candidato a diputado nacional en las elecciones de este año. Dijo que con la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial, el mínimo de bolsillo para los estatales del escalafón general quedará en una cifra aproximada a los 530 pesos y que se estaría efectivizando con los haberes de marzo. Advirtió que el IOSPER tiene que recuperar potencialidades que le permitan apuntalar y diseñar políticas de salud. Aseguró que no le cree a un radicalismo que tiene dirigentes montielistas en su conducción y saliendo al cruce de ciertas quejas que esgrimen algunos sectores del campo, afirmó que los que más impuestos pagan son los trabajadores por sobre cualquier otro sector. Señaló que no le quedan procesos pendientes de los que le inició la gestión Montiel, salvo el de la quema de la puerta de la Casa de Gobierno que, según le adelantaron sus abogados, este año podría elevarse a juicio.

No poca polémica generó la reforma del Código Penal efectuada por el Congreso Nacional entre gallos y medianoches en una calurosa y larga jornada de diciembre sin siquiera ser debatida en el recinto por ninguna de las cámaras. La Ley Número 25.990, sancionada el 16 de diciembre y promulgada el 10 de enero por el Presidente Néstor Kirchner, establece como únicas causales para la interrupción de la prescripción de un delito el primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria. Sin embargo, fuentes consultadas por ANALISIS coinciden en que “en la provincia, la reforma no ocasionará la caída de ninguna investigación penal en trámite”.