Una charla con Gustavo Piérola permite acercarnos a su sensibilidad y militancia por la búsqueda de la verdad. Es autor de Amanecer sin pájaros. Algo más que cuentos, una serie de textos que tienen en común el episodio de la masacre de jóvenes militantes en Margarita Belén, Chaco, donde su hermano Fernando fue uno de los asesinados y su cuerpo aún está desaparecido. El libro, que piensa presentar en diciembre en la capital entrerriana, fue financiado por el Instituto de Cultura del gobierno provincial de Chaco, con la idea de que a través de su venta se recauden fondos para que los organismos que luchan por los derechos humanos continúen las gestiones ante la Justicia.

Adela Esparza recibió el legado de su padre, militante político, social y sindical, que le inculcó valores para su vida. Es empleada de la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social) desde 1984 y a partir de 2004 comenzó a ejercer la titularidad de la Unidad de Atención Integral Paraná en esa misma entidad. Agradece que todos los días se pueda ir a dormir pensando que le solucionó “algún problema a alguien”. Considera un pilar fundamental de su gestión “poder solucionar los problemas de la gente con más necesidades”. Dice que es una obsesiva del trabajo, aunque se hace “un lugarcito para comer un asado con amigos y familiares”.

En los últimos 12 años, el Estado provincial recaudó del sector privado más de 220 millones de pesos con destino a solventar lo que se conoce como Ley 4.035, que es un aporte a personas pobres, como madres solteras, ancianos desprotegidos, discapacitados. Sin embargo, sólo una mínima parte de esa suma tuvo su destino acordado. El año pasado, por ejemplo, en ese concepto se recaudaron unos 115 millones de pesos, pero sólo se destinaron a los pobres aludidos en la ley unos 39 millones de pesos. Así, el Estado embolsó el resto: 76 millones de pesos. Esa situación se viene repitiendo desde hace décadas y este mismo año también el Gobierno se quedaría con parte de los fondos. Estos números maneja la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la seccional Paraná, que también denuncia que lo que se recauda de los empleados públicos –que serían unos 7 millones de pesos mensuales, más el aporte patronal del Estado en unos 20 millones– no se destinan a los beneficiarios de la Ley 4035. En el gremio no dudan en hablar de defraudación de fondos.