El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados para reglamentar el Consejo de la Magistratura sufrió cambios en el Senado. El puntaje en las etapas de Oposición y la Entrevista Personal marcan la mayor diferencia entre las dos iniciativas. La vía recursiva puede llegar a despertar una polémica jurídica. La integración del organismo asesor modifica la actual. Se le fijan plazos al STJ y al propio Consejo para llamar a concurso. Los legisladores coincidieron en establecer un sistema de suplencias con aquellos concursantes que hayan formado parte de una terna. No marcaron distinción alguna entre las universidades privadas y estatales en lo que respecta a la integración. ANALISIS repasa las dos propuestas y hace un recorrido por las reformas que quedaron en el camino.

Días de furia se viven en el IOSPER de cara a las elecciones del 27 de mayo. Intrigas y sospechas que desembocan en denuncias cruzadas, profundizan la mala relación que mantienen la conducción del SEOSPER y el presidente del organismo, Silvio Moreira. El sindicato advierte que un grupo de 100 trabajadores que en febrero fueron pasados a revistar con contratos de servicio no están en condiciones de sufragar, lo cual motivó un recurso de revocatoria que los denunciantes han prometido llevar hasta la Justicia si no tienen respuesta favorable de la Junta Electoral, y en consecuencia ponen en penumbra la realización del acto comicial. Los trabajadores del organismo están atomizados en cuatro listas. ATE, por otra parte, se durmió en la etapa de definiciones y dos de las tres listas que presentó cayeron por desprolijidades en los avales. Entre los municipales, en tanto, un bustista como el diputado Almada va por la revancha frente a otro bustista, el también diputado Vázquez. Massuh, finalmente, prendió la luz verde a sus muchachos y allá van, a pelear el espacio que les toca a los policías. Moreira va por la reelección al frente del organismo y viene atando una serie de acuerdos que parecen allanarle su objetivo. Entre hoy y mañana la Junta Electoral tiene que resolver sobre las impugnaciones presentadas.

Ante idéntico pedido de acceso a información pública las reacciones fueron opuestas. Mientras la Cámara de Diputados respondió en tiempo y forma, el Senado optó primero por el silencio. Después, ante la insistencia, prometió contestar. La solicitud buscó conocer el trabajo en comisiones, algo que los cuerpos legislativos deberían divulgar por propia iniciativa. Es que la difusión supone la rendición de cuentas que el sistema republicano de gobierno impone a las autoridades.

El oficial retirado de la Policía Federal, Cosme Ignacio Marino Demonte, nunca pensó que le iba a llegar la hora de su detención. Tenía domicilio en Formosa, reside en Paraná desde siempre, pero en los últimos tiempos se lo veía poco en la capital entrerriana por sus trabajos en lugares de la provincia, en temas ligados al campo. “Nunca detuvieron a nadie de la Policía Federal; ¿por qué tendría que ser yo el primero?”, solía preguntarse, sin asignarle demasiada importancia a las imputaciones sobre su cabeza: detenciones ilegales y haber sido el ejecutor del dirigente Pedro Sobko, desaparecido desde mayo de 1977. Aunque siete meses después del pedido de los fiscales, ahora está preso.

Al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le apasiona su actividad, aunque eso pueda traerle “problemas familiares o de salud”. Miguel Pelandino nació en Concordia y, aunque sigue residiendo allí, viaja todos los lunes a Paraná para cumplir su función y regresa los viernes, razón por la cual el fin de semana se le hace “muy corto” para disfrutarlo en familia. Dice que desearía pasar más tiempo con ellos, pero aclara que “cuando se toma una decisión hay que aceptar las consecuencias”.