Mediante la aprobación del Programa 100 Terrenos Sociales, el municipio de Crespo afectó inmuebles destinados a equipamiento y espacios verdes para la construcción de viviendas. La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante desató una fuerte polémica. Tras la aprobación de la Ordenanza 69/18 sancionada por el Concejo Deliberante de Crespo se desató una fuerte polémica que encierra más preguntas que respuestas. La norma, aprobada el 31 de octubre pasado, resolvió la afectación de inmuebles de propiedad municipal para la construcción de viviendas sociales. Pero diez de esos inmuebles forman parte de lotes cuyo destino original corresponde a espacios verdes o a equipamiento municipal. A través del artículo 2° de la ordenanza, se estableció que en el caso de aquellos lotes “afectados con destino específico objeto de la presente ordenanza, que originalmente eran para equipamiento y/o espacio verde, será modificado dicho destino, exceptuando lo establecido en la Ordenanza N° 46/09”.

El múltiple exlegislador urribarrista, Hernán Vittulo, (PJ – Gualeguay) se encuentra acorralado y bajo la lupa del Ministerio Público Fiscal de Gualeguay porque difícilmente pueda justificar su capital en blanco. Luego de los informes en 2018 de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) y la revista ANÁLISIS, seguido de la denuncia penal del abogado Rubén Pagliotto por enriquecimiento ilícito, la Justicia le sumó la sospecha de lavado de dinero por los viajes al exterior y amplió la investigación a todo su entorno. Los viajes al exterior, las propiedades, los vehículos y sus inversiones, todo lo denunciado está siendo ratificado por los informes de ATER, AFIP y Migraciones. Vittulo fue durante la gestión 2007-2011 el senador más beneficiado por los contratos legislativos truchos: como presidente de bloque dispuso de 220 contratos más otros 22 que tenía como legislador, la mayoría por 5.000 pesos cada uno cuando el dólar estaba a 4 pesos. ¿Cuál es el rol de su contador Gustavo Etchebest? ¿Qué relación tenía Vittulo con la Cámara de la Construcción?

En la historia de la provincia nunca pasó algo igual. El intendente de Paraná, Sergio Varisco, será protagonista del juicio por “peculado y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública” desde el 13 de mayo, y, en agosto comenzará a ser juzgado en la causa federal denominada narcomunicipio. Por el primer caso le pueden dar una pena de 2 a 6 años e inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos. En la otra, la del Tribunal Oral de Paraná, la condena podría superar los 10 años de cárcel, según pudo determinar ANÁLISIS.

El Decano perdió otra categoría y bajó a la última divisional del fútbol argentino. El elenco paranaense transitó una temporada que comenzó mal y terminó mucho peor. Las malas decisiones dirigenciales hicieron que pasaran tres entrenadores a lo largo del torneo y ninguno le encontró la vuelta a un plantel que tampoco tuvo respuestas anímicas ni futbolísticas. ANÁLISIS charló con un histórico y uno de los nuevos, quienes analizaron la pésima campaña que terminó con el descenso.

La oligopólica ERSA retiró el pasado 27 de marzo unas siete unidades de sus galpones ubicados en la zona este de la capital provincial. Se trata de un nuevo accionar que viola el marco regulatorio y que, según la oposición, es causal de que se rompa el contrato del Municipio para con la firma que ostenta el servicio del transporte público de pasajeros en la capital provincial. Además, la situación de 24 trabajadores contratados, que sufren diariamente la precarización laboral, pende de un hilo. Un servicio ineficiente a pesar de subsidios millonarios, en el medio de una puja por la suba del boleto que encontró en el intendente Sergio Varisco un aliado de la empresa que pretendió que el ajuste sea por decreto.

En la capital provincial funcionan ilícitamente al menos seis antenas de comunicación para teléfonos móviles. Son estructuras instaladas especialmente de forma camuflada para evitar la curiosidad de los vecinos. Desde el organismo de contralor municipal se reconoció oficialmente a ANÁLISIS que ninguno de estos esqueletos ha completado los trámites correspondientes para poder operar, aunque tampoco logran afirmar que estén activos. De esto sí pueden dar fe pobladores aledaños a estas antenas que a diario escuchan los mecanismos que le dan vida. Desde la Asamblea Ciudadana Vecinal de Paraná alertan sobre el peligro para la salud de su actividad por fuera de la normativa vigente y han iniciado acciones tendientes a lograr su desmantelamiento. Esta red de antenas ocultas fue posible luego de que a fines de 2016 se aprobara expeditivamente una ordenanza que habilitó lo que hoy es un descontrol. Fue una legislación a medida del lobby ejercido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).