En cualquier supermercado de Entre Ríos con 50 pesos se puede comprar un kilo de pulpa, otro de pollo; un tarro de leche en polvo, una botella de aceite y tal vez un paquete de polenta. Si se contara con 80 pesos se podrían incorporar un par de estipendios más. Estos son los miserables valores que tienen los bonos –tarjetas ahora– PAF y PRAF, verdaderos certificados de pobreza y que han sumido al gobierno en un verdadero escándalo, que lo tiene a maltraer desde hace varios días. Imprudentemente, algunas bocas profanas se dispararon más de la cuenta y echaron luz sobre acuerdos políticos ya vencidos. Así, ahora, la interna de “abajo” arrastró a un nuevo desencuentro de los popes peronistas de la región. La actitud del titular de Sidecreer, Juan José Canosa, de respetar una orden del gobernador, de no hacer acusaciones sobre presunciones, tiene su explicación: peligra su cargo. El ministro Ángel Giano, en cambio, habló de una mala interpretación de los medios. Hoy por hoy, el principal sustento del pleito empieza y termina en Concordia, donde los “viejos bonos” deambulan entre un reciente pasado electoral y un presente y futuro cargado de internas. Los legisladores que olfatean denuncias “purificadoras” se pusieron en pie de guerra y van en la búsqueda de explicaciones que, en realidad, muchos ya conocen.

Una adinerada mujer de Gualeguaychú heredera de los Roemmers intentaba adoptar un niño cuando la sorprendió la muerte en un accidente antes de completar los papeles y dejó una herencia que supera los 20 millones de dólares. La irrupción de intereses tan abultados como los bienes materiales en disputa sacudió el amor de los abuelos y tíos del corazón, y el amor de la madre y el abuelo biológicos. Fiscales y jueces aceleraron una adopción post mortem y cambiaron el nombre y el apellido de la criatura, decisiones que otros protagonistas se empeñan en revertir porque les generan sospechas. Un experto señaló que en la Argentina no hay normativa para este caso insólito. Todo lo que en principio aparentaba cierta lógica ingresó en un terreno rebasado de interrogantes, donde brillan los apellidos de famosos abogados –algunos de ellos políticos–, y más brillan los honorarios para algunos de ellos (un millón de pesos sólo por un inventario, cuestionado por supuestamente inútil), cuando el conflicto recién empieza.

A principios de mes, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) entregó el Diagnóstico Preliminar del Sistema de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Paraná y su Micro-región. El estudio abarca un amplio espectro de factores entre los cuales, según se explicó, el transporte público de pasajeros fue uno de los más complejos de analizar. Al mismo tiempo, señala que este aspecto es estratégico para la ciudad, así como uno de los que posee mayores falencias. Entre las principales quejas se constató la falta de información de las frecuencias, producto de la permisividad e irregularidad de las mismas. También se verificaron recorridos superpuestos, falta de identificación de las unidades, un parque automotor vetusto y el cobro de boletos sin vuelto como las razones que hacen a una “mala calidad del servicio”. La investigación dejó sentado a su vez que el negocio puede ser rentable, aunque sugiere una urgente regulación.

En Argentina, el 6,1 por ciento de los hombres y el 11,8 por ciento de las mujeres sufren acoso laboral de parte de sus jefes por situaciones de ataques a la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social. En Entre Ríos no hay estadísticas pero se conocen casos en la propia administración pública que son ocultados por los funcionarios de alto rango y una ley que reprime este tipo de abuso de poder fue sancionada en 2006 y no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, según pudo determinar ANALISIS. En esa trama aparece también un funcionario del Consejo General de Educación que está seriamente comprometido por severas irregularidades en las liquidaciones de salarios familiares a empleados del organismo que simulan tener hijos con discapacidad sin la presentación de la respectiva documentación, lo que genera un desfalco millonario y que tendría relación con el incendio de un depósito de la Escuela Hogar en el que se guardaba importante documentación.

Era el 8 de julio de 1945. Un domingo de invierno comenzó el encantamiento de la radio. Y todavía existen testigos de aquel suceso, de la magia con que la radio hacía volar la imaginación de quienes quedaban atrapados bajo su encanto. El 8 de julio de 1945, LT 14 Radio General Urquiza de Paraná inauguró su transmisión con una ceremonia oficial desde sus estudios, para luego dar curso a la primera transmisión de exteriores desde el Teatro 3 de Febrero. Al día siguiente también se inauguró LT 15 Radio Concordia, y ambas emisoras se sumaron de esta manera a la Cadena Argentina de Broadcasting, cuya cabecera era LR 3 Radio Belgrano de Buenos Aires.

Fue necesario preguntar para que se difundiera la información oficial. La Oficina Anticorrupción dejó de elaborar informes y tampoco implementó la organización que se había previsto a través de un decreto. Dicen que eso cambiará con la nueva Constitución.

El Concurso Provincial de Video es la convocatoria anual que realiza el IAER, con el auspicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), para la realización de tres cortometrajes en tres categorías: Documental (hasta 30 minutos de duración), Ficción (hasta 20 minutos de duración) y Animación, (hasta 5 minutos de duración).

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre el otorgamiento de la probation sentó jurisprudencia y hoy es el fundamento perfecto para quienes -pese a no haber cumplido estrictamente lo que dice el Código Penal- solicitan para su defendido la suspensión del juicio en una segunda oportunidad. Desde los Juzgados Correccionales hicieron saber que la negativa para otorgar la herramienta procesal es casi imposible. ANALISIS cuenta cuáles fueron los fundamentos de mayoría y minoría en el fallo “caso Obando”. Debate y tendencias sobre la aplicación del instituto.