El defensor oficial del Juzgado Federal de Paraná, Juan Carlos Ferrari, ocupa ese lugar desde mediados de 1976, por relaciones con el general Juan Carlos Trimarco. Sin embargo, nunca fue cuestionado por su rol. En 1982, como fiscal subrogante -de acuerdo a documentación a la que accedió ANALISIS-, pidió abultadas condenas de prisión a militantes políticos, en base a información falsa de los servicios de inteligencia de la dictadura, en la que incluso se citaban movimientos de dirigentes secuestrados, asesinados o desaparecidos por el gobierno militar, como Mabel Fontana y Beto Osuna, entre otros.

Una escena. Vale por el contexto, no por los detalles del episodio, la conmocionante imagen de un individuo clavándole un cuchillo a otro en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. El contexto es la disputa en torno de la seguridad que, irresponsablemente, mantienen desde hace tiempo el gobierno nacional de Cristina Kirchner y la administración porteña de Mauricio Macri. La dinámica de la discusión, cuya liviandad se potencia a partir de los sucesivos pasos de los actores, obliga a optar entre la deserción estatal y la seguridad privada. El gobierno nacional priva a los espacios públicos de efectivos policiales en base a argumentos economicistas propios de los años noventa. El Pro gobernante, por su lado, termina optando por la seguridad privada. Es el hambre y las ganas de comer. Puede que el esquema de la discusión no refleje acabadamente el gran escenario nacional, que las posturas puntuales no representen exactamente situaciones más amplias, pero en sí mismo el incidente es una expresión de pobreza. La noticia obliga a optar entre dos males.