La condena al ex senador provincial Félix Abelardo Pacayut (PJ-Islas) no pasó inadvertida en determinados sectores y menos en el bustismo. El ex mandatario Jorge Busti consideró que la “prisión efectiva” solicitada para uno de sus hombres de confianza en sus tres administraciones fue lo más parecido a “una afrenta” y un “claro mensaje” a su sector. “Nosotros tenemos 30 denuncias penales para presentar en los próximos meses, por graves hechos de corrupción y uno de ellos es el propio gobernador Sergio Urribarri”, indicó Busti a este semanario, aunque no quiso abundar en detalles. Al parecer, los asesores legales del diputado provincial están juntando elementos contundentes para hacer una presentación por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito contra Urribarri. La nómina también incluye, en los primeros lugares, al actual titular de Enersa, Juan Carlos Chagas y al presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, aunque aquí les apuntarían por supuestas irregularidades cometidas en sus respectivas administraciones.

Desde hace poco más de un año se anunció desde de la Jefatura de Policía provincial la instalación de un sistema de control público mediante cámaras de video en algunos puntos de la ciudad. La idea contó con un llamado a licitación de proveedores que se enfrió en febrero por una impugnación que denunció favoritismo. Antes ya había sido objetado el proceso porque una ONG se arrogaba la autoría intelectual del sistema. Estos traspiés no impidieron que en otras localidades se avanzara en la colocación de esta técnica de observación, impulsada por gobiernos municipales. Entre las últimas en anunciar esta iniciativa se encuentra Tabossi –financiado con fondos de la soja, algo ilegal según la propia normativa– y Crespo, donde se entabló un fuerte debate en el cual un Foro Juvenil resiste el proyecto con sólidos argumentos.

Los cierres de listas de candidatos en la mayoría de los partidos no trajeron demasiadas sorpresas, aunque sí detalles interesantes. El gobernador Sergio Urribarri se encargó personalmente de armar cada distrito, al mejor estilo K. Salvo Gualeguay y Crespo (con un díscolo Héctor Alanis), donde se le insubordinaron e irán a interna, el resto cumplieron a rajatablas los planteos. La otra excepción fue el senador nacional Pedro Guastavino, en Gualeguaychú: puso a su ex esposa, Liliana Ríos, como segunda candidata a diputada nacional -detrás de Julio Solanas- y a varios concejales de Juan José Bahillo. Varios hombres repetirán sus cargos, si es que llegan a la Legislatura entrerriana. Nogoyá irá con José Ángel Allende, pero también con Faustino Schiavoni como diputado provincial. A este último lo acompañarán otros intendentes sin re-reelección: Marsó, Bisogni, Darrichón y quizás Garcilazo. A Juan Javier García (Chajarí), le prometieron un ministerio. Jorge Busti también propone a varios actuales legisladores, con algunas incorporaciones, como la esposa del gualeyo José Salim Jodor. Pese a los amagues, Augusto Alasino y su lugarteniente, Aníbal Vergara, no irían como candidatos bustistas para la Legislatura. El más hermético es Atilio Benedetti, que cerró la nómina de intendentes en cada lugar, pero al cierre de esta edición tenía confirmado en la grilla de legisladores a Alberto Rotman (Concordia), Eduardo Ruda (Crespo), Mario Jonnas (Colón), Jorge Monge (Diamante) y Andrés Pessolani (Federación), entre otros. En este informe de ANALISIS, un detalle completo además de cada una de las candidaturas a presidentes comunales de los partidos mayoritarios, como así también de los partidos más chicos.

Una de las más antiguas y seductoras tentaciones que sobrevuelan en cualquier régimen totalitario ha sido el control y manejo de la prensa, esa santa locomotora del progreso, como la definiera Víctor Hugo. Contados son los gobiernos que han sabido garantizar un pleno y amplio abanico para difundir ideas y traducir pensamientos que la sociedad debe recibir para estar debidamente informada y abrirse al goce de una facultad de discernimiento que, si es cercenada, coloca en riesgo a todas las demás libertades.

Un acuerdo electoral entre el radical Ricardo Alfonsín y el peronista disidente Francisco De Narváez configura un perfecto mamarracho. Es, a la vez, absolutamente comprensible en la política binaria que caracteriza el tiempo kirchnerista. Se ajusta al clima de época al menos por dos razones: primero, porque se inspira en la racionalidad excluyente de victoria y derrota. Devaluado el consenso, la política no puede sino agotarse en la opción última de ganar o perder. Es allí donde encuentra sus fundamentos la pragmática actitud de la UCR. Importa la supremacía a cualquier precio. Poco más. Se aplica tanto a las elecciones como a las discusiones públicas: porque es el poder el que establece los criterios de verdad, según aprendieron los kirchneristas en algún manual berreta, lo que importa es la imposición y no la correspondencia entre los enunciados y la realidad.