César (Negro) Ledesma escribió el libro Irrecuperables, categoría con la que oscuros brujos catalogaron a los presos políticos confinados en los pabellones de cárceles en los que imperaba el trato más severo. Estampó en versos que el cristal de la memoria es de mágica fragilidad. Es cierto porque a veces parece que ya está todo dicho, que lo ocurrido le pasó a otros y no a uno, a la minoría y no a millones de argentinos en libertad condicional, humillante y dolorosa. Sin embargo, la fecha rearma a la quebradiza memoria. A 34 años es posible reunir trozos sueltos de la historia personal de cada cual. Nos animamos a encarar en ese intento mínimas crónicas de prisión, sin el afán de ser parte de las grandes corrientes discursivas sobre el tema.

“La chequera puede silenciar hasta dos meses antes de las elecciones, a partir de ahí comienzan a soltarse de boca y a tomar posiciones claras”, sintetizó en una entrevista con ANALISIS el senador provincial Santiago Gaitán (PJ- Paraná). “Busti está un poco exaltado, muchos de sus hombres fieles le han jugado una mala pasada, pero sus reflejos políticos están intactos”, aseguró luego. En el marco de la interna gremial que se avecina dijo que la actual conducción entregó el 15 por ciento de aumento para los trabajadores viales a cambio de la ayuda oficial para los comicios que vienen. Afirmó que las nuevas designaciones en el gobierno provincial son parte de la compra-venta oficial y que la disputa entre Urribarri y Busti está llegando a límites impensados y pone en riesgo el triunfo peronista. Habló de Moine, de los Solanas, de Irigoyen, de las traiciones y de las candidaturas nacionales: apoya a Duhalde y descarta a De Narváez y desechó la posibilidad de un golpe de Estado. No le gusta ver al alasinismo dentro del bustismo, aclaró, y advirtió finalmente: “Espero que Cotapa no se convierta en otro Santa Elena para los entrerrianos”.

En el Poder Judicial de Entre Ríos hubo cambio de autoridades pero no de prácticas. A pesar de cumplir con todas las formalidades, la Presidencia del alto cuerpo omite responder a una solicitud de información. Eso impide conocer si existe un registro de declaraciones juradas patrimoniales de magistrados y funcionarios judiciales previsto por ley. Se viola así un derecho consagrado por la Constitución provincial.